¿Es posible medir la sostenibilidad social de la agricultura? Analizando los resultados de 'Sustainability Compass' de la Comisión Europea

Cerramos con este artículo la serie de cuatro en los que hemos analizado 'Sustainability Compass', la herramienta diseñada por la Comisión Europea para medir la sostenibilidad de la agricultura. 

Si en anteriores ocasiones presentamos en primer lugar la propia herramienta, y en los siguientes sus resultados en los ámbitos económico y ambiental, en este ponemos el foco en el ámbito social, de nuevo comparando los resultados para España con los de la UE y otros países vecinos. 

Indicadores de sostenibilidad social seleccionados por la Comisión

Como ya indicamos, el bloque social del “Compass” puede ser considerado el más innovador y controvertido, sin duda debido a que en este ámbito no contamos con indicadores clásicos aceptados como los más idóneos y tampoco poseemos series estadísticas largas o metodologías muy establecidas para los que se han incluido. 

Así, la Comisión introduce un indicador sobre antibióticos, relevante por el riesgo de proliferación de bacterias resistentes. 

También se ha añadido un indicador de pobreza en el medio agrario, que requiere información adicional para su correcta interpretación, puesto que la información de partida se centra en la renta media de las zonas rurales sin considerar el coste de la vida en las mismas. 

Los demás indicadores se centran en la edad, sexo y formación de los titulares de explotaciones, basados en censos y encuestas periódicas.

En nuestra primera aproximación a los indicadores del ámbito social en el artículo inicial de esta serie consideramos que sería beneficioso incluir indicadores que reflejen el empleo a lo largo de toda la cadena productiva y la percepción de los actores involucrados, y así obtener una comprensión más profunda de cómo se sienten los propios miembros de la sociedad dentro del entorno agrario. 

En el primer caso (empleo), sí existen datos, que incorporamos en este artículo. El segundo exige un trabajo de obtención directa de información que no podemos abordar, pero sí insistir en señalarlo.

Una vez más, recordamos que los indicadores resultan de la agregación de datos a nivel nacional y su selección depende de la disponibilidad de información. Por lo tanto, al extraer conclusiones, es crucial manejar estos indicadores con prudencia. 

Indicadores de sostenibilidad social de la agricultura europea

A pesar de las limitaciones expuestas, el análisis de los indicadores incluidos por la Comisión Europea revela que, en general, la agricultura europea avanza positivamente en el terreno social: todos los indicadores reflejan un comportamiento positivo, excepto el relativo a la edad de los titulares de explotaciones. 

Comenzando por el uso de antibióticos en la ganadería europea, los datos muestran que la UE-27 se ha pasado de unas ventas de 236,51 mg/PCU (acrónimo de Unidad de Corrección Poblacional) en 2020, descendió a 118,3 mg/PCU en 2018 y a 84,8 mg/PCU en 2020. Marcamos el hito de 2018 porque la estrategia de la Granja a la Mesa, al abordar este problema establece el objetivo aspiracional de disminuir en un 50 % en las ventas de antimicrobianos para el 2030 respecto a 2018, por lo que ya se habría alcanzado más de la mitad de este objetivo en 2022.

A nivel europeo, al examinar la distribución por edades de los titulares de explotaciones, se observa un incremento progresivo del peso de los tramos de mayor edad, denotando el envejecimiento dentro del sector, con un 20 % de los titulares en tramos de edad por debajo de los 44 años y un 58 % con edad superior a 55 años.

En cuanto al sexo de los titulares, el porcentaje de mujeres titulares de explotaciones en la UE ha crecido en la última década, pasando del 28,3 % al 31,6 % en 2020. No obstante, este incremento en el peso se debe fundamentalmente a la reducción en el número de explotaciones, pues el número total de mujeres titulares de explotación ha disminuido un 15 % en ese periodo. 

En relación con la formación de los titulares de explotaciones agrarias, los datos de Censos Agrarios y Encuesta de Estructura de Explotaciones muestran un progresivo aumento en la UE de las explotaciones cuyo titular presenta formación agraria completa, pasando de 6,8 % en 2010 a 10,2 % en 2020. Como indicábamos, la situación es más favorable en el caso de jefes de explotación de entre 25 y 39 años, los cuales presentaban formación agraria completa en el 14 % de los casos en 2010 y ha subido al 21,5 % en 2020.

El indicador de pobreza rural muestra la proporción de la población en riesgo de pobreza, en situación de privación severa o que viven en un hogar con baja intensidad laboral, en las áreas rurales en comparación con el conjunto del territorio. Este indicador ha disminuido en los últimos 10 años, pasando del 30 % al 20 % y reduciendo la brecha entre las zonas rurales y el conjunto del territorio, que en 2010 era de 6 puntos porcentuales en contra del medio rural y desde 2017 se sitúa en 1 punto porcentual. Esta evolución invita al optimismo, aunque el número sigue siendo lamentablemente elevado.

Indicadores sociales de la agricultura española

En este apartado vamos a analizar el comportamiento, para los mismos indicadores anteriores, de la agricultura española, comparándola con el conjunto de la UE. 

Al igual que en el conjunto de la UE, en España globalmente se ha producido una disminución significativa del uso de antibióticos en la ganadería. También en el caso de España los datos muestran que se habría alcanzado mucho más de la mitad del objetivo propuesto por la Estrategia de la Granja a la Mesa. En concreto, las ventas han pasado de 219,5 mg/PCU en 2018 a 127,4 en 2022.

La disminución del número de explotaciones en España entre los Censos Agrarios de 2010 y 2020 ha ido acompañada de un significativo envejecimiento de los jefes de las explotaciones, con más de un 41 % de ellos con una edad por encima de los 65 años en 2020, frente a un 29,7 % en 2010. 

El tramo de edad inferior, de 25 a 34 años, supone un 3,4 % de los jefes de explotación, inferior al de 2010 (4,9 %). Al mismo tiempo se aprecia una significativa reducción en el tramo de 35 a 44 años. 

Estos datos indican que a la vez que se ha ido reduciendo el número de explotaciones y sus titulares han ido envejeciendo, se ha producido una disminución en el número de jóvenes jefes de explotación que se incorporan a la actividad.

Como indicábamos en nuestras consideraciones sobre este indicador, medir el envejecimiento del sector agrario exclusivamente a través de la edad media de los titulares de las explotaciones agrarias tiene algunas imprecisiones que ya hemos abordado en otros artículos, por ejemplo, cuando extrajimos las conclusiones del Observatorio 2023 del Sistema Agroalimentario Español en el contexto europeo. Nos referimos fundamentalmente a tres: 

• Ignora el peso cada vez mayor que las explotaciones de titularidad jurídica tienen en la producción agraria española y que en valor ya supera el 40 % (MAPA, 2023). Es decir, sobre casi la mitad de la producción agraria no cabe decir si está en manos de titulares más o menos jóvenes.

• Igualmente, no considera el tamaño de las explotaciones. Las explotaciones en manos de titulares de más edad son de menor dimensión física y económica: la actividad agraria está en manos más jóvenes que la titularidad de las explotaciones.

• Finalmente, no tiene en cuenta que, en la agricultura española, más del 50 % de la mano de obra es ya aportada por asalariados y no por titulares, y la edad media de los asalariados en la agricultura, aunque también muestra signos de envejecimiento, es muy inferior a la de los titulares: el 60 % tienen 49 años o menos y el 40 % tienen 50 años o más.

En lo que respecta al sexo de los titulares, se observa un incremento del número mujeres titulares en España, que entre 2012 y 2020 ha crecido un 22 %. Este importante crecimiento en el número de mujeres titulares de explotaciones junto con la disminución del número total de explotaciones se ha traducido en un importante incremento del peso de las mujeres sobre el total de titulares de explotaciones en España, pasando del 21,7 % en 2012 hasta un 28,6 % en 2020. No obstante, este peso es inferior al que veíamos a nivel europeo. 

Las mismas observaciones realizadas para el indicador de edad son válidas para el de sexo de los titulares, solo que en este caso dos de ellas penalizan la visión de mayor presencia de mujeres que da el indicador de titularidad: en el caso de las mujeres, sus explotaciones tienen menor dimensión económica y su presencia asalariada es muy inferior a la de los hombres (25 % mujeres, 75 % hombres, proporción inferior a la observada en titularidad).

Existe una diferencia importante entre España y el promedio de la UE en materia de formación. El número de titulares de explotación con estudios agrarios avanzados en España en 2020 fue del 4,1 %, frente al 10,2 % de la UE-27. 

Al mismo tiempo, aunque el número de titulares con estudios avanzados en España ha aumentado, también aumenta el porcentaje de jefes de explotación con formación básica, pasando de suponer un 13,8 % del total en 2010 a un 20,3 % en 2020. La situación es algo más favorable en el caso de jefes de explotación de entre 25 y 39 años, pero sigue siendo peor que en la UE: un 4,4 % tenían formación agraria completa en 2010 y un 8 % la tienen en 2020.

En cuanto al índice de pobreza rural, de manera similar a como lo hacía en la UE, viene evolucionando de manera positiva, en este caso desde un máximo del 35 % en el medio rural en los años 2014-2015 hasta un 27 % en 2021-2022, últimos años con información disponible. El diferencial entre zonas rurales y urbanas también se ha reducido de 8 puntos porcentuales a 3. 

Como indicábamos desde el artículo introductorio a esta serie, el índice de pobreza mide el porcentaje de población cuya renta no alcanza el 60 % de la media de renta del país. Y ese porcentaje de población es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Sin embargo, nuestras dudas respecto al indicador residen en preguntarnos hasta qué punto, un mismo nivel de renta proporciona la misma “riqueza” o “calidad de vida” en el medio rural o en el urbano. 

Esta línea ha sido explorada en el informe de 2023 sobre el Estado de la Pobreza en el marco del seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 (European Anti Poverty Network en España, informe 2023). 

Una de las conclusiones a las que llega el informe es que la pobreza en las zonas rurales es mayor que en las urbanas, pero está disminuyendo y la pobreza extrema es sensiblemente menor en las áreas rurales que en las urbanas. 

De hecho, la renta media de las personas pobres sería menor en estas últimas. Uno de los factores explicativos estaría en la vivienda, donde un 65,8 % de la población del medio rural reside en viviendas en propiedad sin hipoteca o en cesión gratuita, porcentaje que cae al 48,5 % en el medio urbano. No obstante, la menor renta y la menor dotación de servicios en las zonas rurales haría que la exclusión social se agudice entre las personas mayores que residen en este tipo de municipios.

Finalmente, sugeríamos también como indicador social el empleo generado por el sistema agroalimentario. En 2023 el número de trabajadores del sector agroalimentario en España se situó en 1,29 millones, de los que aproximadamente el 56 % corresponde al sector agrario y el 44 % a la industria alimentaria. 

La evolución del empleo muestra que el número de trabajadores totales se sitúa actualmente en niveles similares a los de 2008 en España, cuando en la UE se habría producido en el mismo periodo una destrucción del 27 %. 

En todo caso, tanto en España como en la UE se observa un cambio en la proporción del empleo generado por el sector agrario y la industria alimentaria, con un incremento relativo de esta última, que en España compensaría la pérdida de empleo agrario, pero en la UE solo lo haría parcialmente.