El Real Decreto 214/2025, la huella de carbono y el sector agroalimentario

El pasado 18 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 214/2025, que se publicó el 12 de abril. 

Era una norma esperada para conocer la regulación española especifica en reducción de huella de carbono aplicada al conjunto de la economía. 

Los borradores preveían exigir a las empresas con más de 500 trabajadores, que son la mayoría de la distribución alimentaria y las grandes operadoras de la industria, a poner en marcha un análisis de su huella de carbono con alcance 3, y un plan de reducción de la misma. Definitivamente, solo se contempla el alcance 1 y 2, quedando el 3 como voluntario. 

La diferencia entre alcances es fundamental. Calcular la huella de carbono de alcance 1 significa calcular las emisiones de gases de efecto invernadero directas generadas en una empresa; por ejemplo, en una explotación agrícola podrían ser las asociadas los combustibles, en una ganadera a las fermentaciones entéricas en los animales y en una industria los combustibles fósiles o los gases liberados en los procesos industriales. 

Calcular el alcance 2 implica considerar las emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad y energía adquiridas y consumidas por la organización. 

El alcance 3 supone tener en consideración los alcances 1 y 2 de todos los proveedores que forman parte de la cadena de aprovisionamiento. 

Al quedar fuera de la obligatoriedad de la norma el registro de la huella de carbono generada con alcance 3 para las grandes empresas de la cadena alimentaria, implica que no lo deben calcular, pero, sobre todo, que en su plan de reducción no lo han de tener en consideración ni cuantificar. 

Así, el temor inicial de que esta norma pudiese suponer una obligación indirecta de que los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, proveedores de las grandes empresas del final de la cadena alimentaria, tuvieran que abordar una estrategia de reducción de huella, que debiera ser certificada periódicamente, se ha diluido. 

La norma deja al criterio de las empresas la posibilidad de calcular su huella de carbono con alcance 3, al igual que su inclusión dentro del plan de reducción. Por ello, es de prever que, como ya ocurre en la actualidad, nos encontremos con compañías que pongan en marcha estrategias de reducción de emisiones en toda su cadena de suministros para reducir la huella de sus productos. Pero lo harán como estrategia propia para diferenciarse ante sus clientes o ante los consumidores, no como obligación legal. 

El decreto amplía la regulación previa, promoviendo la inscripción en un registro especial, de carácter nacional, de los proyectos de absorción de CO₂ relacionados con actividades asociadas al uso de la tierra por agricultores o ganaderos, además de otros como el cambio de uso de la tierra o el carbono azul. 

En los últimos años hay una corriente importante para promover el secuestro del carbono mediante el pastoreo racional de la ganadería extensiva o la incorporación de prácticas que desarrollen la agricultura de carbono, así como la transformación de superficies agrarias o de eriales en superficies forestales. Todos los proyectos que contemplen estas acciones podrán ser incluidos en este registro. 

Una vez registrado, un proyecto de absorción puede ser utilizado para compensar emisiones de otros actores de la economía, dando paso al mercado de los créditos de carbono. 

En este contexto, el real decreto establece, con bastante detalle, todo el proceso de comunicación a la Administración de los planes de gestión aplicados en esos proyectos de secuestro de carbono y de las incidencias que puedan ocurrir en el tiempo de su ejecución. 

Es un paso importante para dar garantías a los contratos que se están ofreciendo a los agricultores y ganaderos para entrar en ese mercado. No obstante, tendremos que esperar a la regulación comunitaria para que quede clara la metodología y la cuantificación del secuestro de carbono en el conjunto del sector agrario. 

Así, la publicación de la norma clarifica, a medio plazo, las estrategias de mitigación del cambio climático para la cadena agroalimentaria y aumenta las garantías para el mercado de los créditos del carbono.