¿Son los líderes del 'Tsunami Agrario' (Pedro Barato, Miguel Padilla, Lorenzo Ramos y Luis Cortés) unos terroristas? Una pequeña ficción

En este mes de mayo 2034, el juez García Alicante me ha llamado a declarar la semana pasada acerca de la operación que la guardia civil ha llamado ‘Tsunami Agrario'. 

Si ustedes tienen buena memoria, hace 10 años, en 2024, se produjo una serie de manifestaciones por toda España de agricultores y ganaderos. Hubo altercados, manifestaciones no autorizadas, ataques a las fuerzas del orden público, incluso manifestaciones públicas de apoyo a ETA. 

Se rodearon parlamentos autonómicos, se bloquearon autopistas generando unas pérdidas millonarias para la economía del país y se produjeron heridos entre las fuerzas del orden y ciudadanos que pasaban por allí. Incluso, en el atestado policial se incluyó que se produjeron fallecimientos en distintos pueblos del Estado al retrasarse las ambulancias bloqueadas por los manifestantes. 

La operación policial habría concluido que nos encontraríamos ante una estructura fluida y tentacular. Identificando en la cabeza del Tsunami Agrario a los jefes máximos, a los cuales se les acusó de responsabilidad directa en los incidentes. Se trataría, siempre según el atestado, de una estructura informal compuesta central y principalmente por distintas organizaciones como ASAJA, COAG y UPA, a las que se podría sumar otras como la Unión de Uniones. 

Una larga y precisa investigación policial habría permitido identificar a los cabecillas. Se trataría por parte de ASAJA de un tal Pedro Barato; por parte de COAG, un individuo que se hace llamar Miguel Padilla; y por parte de UPA el cabecilla se llamaría Lorenzo Ramos. También figura un tal Luis Cortés, que participaría de la inducción de los delitos por parte de la Unión de Uniones. 

El atestado policial insistiría en que, seguramente para disimular sus actuaciones y coordinación, estas organizaciones habrían hecho el esfuerzo de aparecer como organizaciones independientes, produciendo incluso a veces enfrentamientos entre ellas, que habrían sido calificados por la Benemérita como “meras apariencias”. 

La investigación policial habría podido concluir que la presunta organización criminal dispondría de ramificaciones en todas las comunidades autónomas y provincias del Estado, habiéndose identificado hasta 300 posibles cómplices y actores necesarios para que se puedan consumar los presuntos delitos. 

Se trataría, por ejemplo, de personajes tan distintos como Joan Caball Subirana, de la Unió de Pagesos; Ricardo Serra, de ASAJA-Andalucía; Donaciano Dujo, de ASAJA Castilla y León; de Miguel López, de COAG-Andalucía; de Carles Peris Ramos, de la Unió de Valencia; o de Fermín Gorraiz, de EHNE-Nafarroa. 

La policía judicial habría concluido que, visto los distintos escritos que yo había publicado en la época, podía ayudar al Tribunal a que llegara a una conclusión sobre la pregunta más importante: confirmar o no la acusación de terrorismo que ha planteado el juez García Alicante en contra de los presuntos cabecillas de esta presunta sublevación contra el orden constitucional. 

El precedente claro es la acusación de terrorismo promovida por el juez García Castellón en el año 2013 (por cierto, padre del juez García Alicante, sobre el que ha recaído la investigación del sumario 'Tsunami Agrario'). 

La audiencia se celebró como hemos ya mencionado la semana pasada y, en cuanto se conozca el fallo, no dejaremos de informar inmediatamente a nuestros lectores.