¿Qué le espera al agro en un 2025 plagado de incertidumbres?

Que la agraria es una actividad de riesgo es una verdad de Perogrullo. Cuando no es el clima, son los mercados y, la mayor parte de las veces, ambos. Lo habitual es la voluble o extrema meteorología sobre las cosechas y la volatilidad de los precios según el dictado de la oferta-demanda de los mercados.

El recién estrenado 2025 se presenta con esas dos incertidumbres cronificadas, que habrá que ir lidiando con mayor o menor acierto, como casi siempre. 

Pero, además, viene con un extenso compendio de dudas, temores, retos o desafíos que podrían afectar directa o indirectamente al campo español y comunitario. Quizás la única certeza, aunque parezca de lo más simple, es que pase lo que pase seguiremos comiendo dos, tres o cinco veces al día.

Para ponernos en contexto y empezar por lo más inmediato, el lunes 20 enero volverá a mudarse a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos Donald Trump, el ideólogo del American First, que llega con los aranceles bajo el brazo y con la singular idea de hacer de la política comercial casi un arma de “destrucción masiva”. 

Veremos en qué se traducen sobre el terreno todas las amenazas proferidas en campaña y a través de las redes sociales por el mandatario americano, y cuál es la reacción de los países que podrían verse afectados (China, México, Canadá…), incluido posiblemente el bloque de la Unión Europea. La situación, de entrada, no pinta nada bien.

La vuelta de Trump llega, además, en un momento en que la Unión Europea está en “horas bajas”. No solo con el estreno de un nuevo equipo de la Comisión Europea que recién se ha puesto a trabajar y con un Parlamento Europeo más dividido y escorado que nunca, sino con un eje franco-alemán, hasta ahora el motor de la UE, muy debilitado. Elecciones inciertas en Alemania en febrero y un Ejecutivo en la Francia del presidente Macron en el alambre. 

Este regreso de Trump no augura nada positivo —más bien al contrario, teniendo en cuenta los antecedentes de su anterior mandato— para el impulso de organismos multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuya debilidad es manifiesta, o para el cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático (Acuerdo de París) y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

2025 no ha traído tampoco aún soluciones al grave conflicto geopolítico, de casi tres años ya, de la guerra en Ucrania por la invasión de la Rusia de Putin, aunque algunos creen que Trump lo “arreglará” pronto por las bravas. Como tampoco se ve una salida clara al complejo polvorín de Oriente Próximo o Medio (Israel, Palestina, Irán, Líbano, Siria… etc.).

Presupuesto europeo 2028-34 y PAC post 2027

Estamos, pues, ante un panorama geopolítico poco alentador que, sin duda, influirá de lleno en todo lo que la UE haga (pueda o la dejen hacer) en política económica y, por ende, en política agraria durante el presente año y con vistas también a años venideros. Es decir, al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y, dentro de este, a la PAC post 2027, a los que nos referimos en un artículo anterior.

A partir de mitad de año, la Comisión Europea hará pública su propuesta del MFP para el próximo septenio, y ahí se verá, por un lado, con qué fondos contará la próxima PAC (y si se pasará de las palabras de apoyo a los hechos) y, por otro, cómo será finalmente la estructura de distribución del presupuesto (si mediante un sistema similar al utilizado para repartir los fondos de recuperación tras la pandemia, es decir, en un único “sobre” nacional condicionado en su concesión a reformas políticas y logros de objetivos, o como hasta ahora, manteniendo un presupuesto específico con dos pilares —ayudas directas y Desarrollo Rural—, como demandaron por unanimidad los ministros del ramo).

Antes de todo esto, el nuevo comisario, Christophe Hansen, prevé presentar el próximo 19 de febrero su “Visión para la Agricultura y la Alimentación”, un informe con el que pretende a avanzar en las orientaciones de la PAC post 2027 y que ofrecerá una serie de paquetes de acción prioritaria que se irán conociendo a lo largo de 2025: sobre simplificación administrativa de la PAC (algunos Estados miembros quieren ya una mayor flexibilización y ajustes de la actual sin esperar a su reforma); una estrategia sobre ganadería; otra sobre relevo generacional (prioridad absoluta, donde se juega la supervivencia y el futuro del agro europeo a medio y largo plazo), y una evaluación comparativa de la sostenibilidad de las explotaciones agrarias desde su triple vertiente (social, económica y medioambiental).

Gestión de riesgos

Un asunto crucial en el que deberá meterse mano en 2025 es el relativo a la gestión de riegos, teniendo en cuenta la creciente magnitud de las adversidades meteorológicas (sequía, inundaciones, helada, pedrisco…), ligadas al cambio climático, en los últimos años en la UE (no solo en España); la expansión de las enfermedades animales (gripe aviar, PPA, lengua azul, EHE…) y de las plagas vegetales, y la extrema volatilidad de los mercados de materias primas agrícolas. 

Algunos apuntes se dejaron caer ya en los últimos Consejo de Ministros de Agricultura del pasado año: aumento de la dotación presupuestaria y mayor flexibilidad de la reserva de crisis agrícola (apenas cuenta con 450 millones de euros); más adecuación y adaptación a la realidad de las medidas de intervención de los mercados (intervención pública, almacenamiento privado, retiradas…) y de desarrollo rural; sistemas de seguros y reaseguro a escala comunitaria; incentivos para diversificar la producción agrícola y mejores prácticas para reducir riesgos; uso de la innovación y de nuevas tecnologías; mayor asesoramiento e intercambio de conocimientos entre las partes frente a posibles crisis, etcétera.

Sanidad animal y vegetal

Además de lo antedicho, la UE se haya embarcada en numerosos problemas y desafíos internos que, de uno u otro modo, tendrán que afrontarse en el presente año, como todo lo relacionado con la sanidad de animales y plantas. 

Preocupa la expansión de enfermedades animales, nombradas anteriormente, y la falta de respuestas armonizadas y de coordinación a nivel comunitario (compra conjunta y creación de bancos de vacunas, ausencia de medidas preventivas, recorte de la cofinanciación comunitaria a los planes de erradicación… etc.); así como en el caso de las plagas vegetales la falta de alternativas reales y viables ante los planteamientos de reducción y/o prohibición en la UE de sustancias activas para el tratamiento fitosanitario; el insuficiente control en frontera para evitar su introducción en la UE, la pérdida de competitividad… etc.).

Bienestar animal

Durante 2025, la Comisión Europea quiere avanzar también en materia de bienestar animal en la UE y, sobre todo, en la polémica normativa sobre mejoras en el transporte de animales vivos, mientras que en el resto de los asuntos en este ámbito parece más complicado y, salvo en algunos temas técnicos, bastante se hará si se avanza en la puesta en marcha de las normativas aprobadas. 

Al respecto, habrá que ver cómo se concretan las normas para la eliminación de las jaulas en la cría ganadera, principalmente en si habrá apoyos para su implementación y la duración del periodo transitorio, evitando a la vez (algo muy complicado) una merma sustancial de la competitividad del sector con respecto a lo exigido en países terceros que exportan sus productos al mercado UE.

Otros asuntos

La agenda comunitaria en el sector agroalimentario en el presente 2025 viene cargada de otros muchos asuntos pendientes a los que, al menos, hacer referencia sin entrar en detalle: proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, mejorar la aplicación y eficacia de la Directiva de la adena alimentaria en beneficio del sector productor; avanzar en la regulación de las Nuevas Técnicas de Edición Genómica (NTG), cuyos debates están siendo complicados; revisión de la Directiva sobre la salud de los suelos de cara a 2050 dejando mayor margen de maniobra a los Estados miembros en su aplicación.

También se deberán aprobar medidas que faciliten en 2026 la aplicación del reglamento sobre deforestación importada por parte de los operadores de algunas materias primas (carne de vacuno, aceite de palma, soja, café, cacao, caucho, madera); sigue pendiente la presentación de una Estrategia comunitaria para impulsar la producción interna y reducir la dependencia exterior de proteínas vegetales, y de una Estrategia sobre resiliencia hídrica, que aborde una mayor eficiencia en el uso del agua, así como el diseño de un sistema de “créditos de la Naturaleza” para compensar a agricultores, ganaderos y silvicultores por los servicios prestados en este ámbito y en la restauración de los ecosistemas agrícolas, ligado a la aplicación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, etcétera.

Agenda nacional

Si el panorama comunitario viene cargado de asuntos pendientes para este 2025, no lo es menos la agenda nacional. En unos días, el ministro de Agricultura, Luis Planas, elevará a Consejo de Ministros la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), uno de los compromisos de la actual legislatura, que luego será enviada al comisario del ramo, Christophe Hansen.

También va camino de aprobarse al inicio de primavera la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que deja fuera de su cumplimiento a las microempresas y pymes (con menos de 50 empleados y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros), es decir a la mayor parte de las explotaciones agrarias de nuestro país.

Esta ley incluye también en su redactado un sistema para determinar la representatividad agraria, que en la práctica supone reconocer a la Unión de Uniones como organización de ámbito nacional con presencia y representación en los órganos de interlocución con el Gobierno.

Además, introduce cambios en la legislación laboral del sector agrario, abriendo la posibilidad de celebrar contratos temporales limitados a un máximo de 90 días de trabajo no continuados en el año natural, así como una nueva prórroga sobre las tarifas eléctricas al regadío, que permita a este colectivo contar con dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses según la necesidad de suministro de la actividad.

Seguros agrarios

El sector espera también que se inicie de verdad el abordaje para revisar el actual sistema de seguros agrarios, sobre todo, pero no solo, en lo referido a diferenciar la gestión de los riesgos ordinarios de los extraordinarios (que cada vez son más habituales).

Aunque se reconoce el esfuerzo presupuestario del Gobierno (315 millones de euros, casi un 11 % más que en 2024), se considera todavía insuficiente si se le compara con el aumento de la prima recaudada (+16 % de 2022 a 2023), y que la única solución no puede ser seguir aumentando el coste de las primas y recortar coberturas. 

El MAPA podría esperar a ver qué medidas sobre gestión de riesgos propone Hansen en este ámbito para actuar en el plano interno.

Flexibilidad del PEPAC

Por otro lado, tras las flexibilidades introducidas en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), a aplicar en la campaña de ayudas PAC de 2025 (del 1 de febrero al 30 de abril), Ministerio y Comunidades Autónomas analizarán posibles nuevos cambios (más bien de tipo técnico-práctico) en estos meses, que deberán presentarse en Bruselas antes del 1 de marzo. 

Sin embargo, no se esperan grandes novedades, teniendo en cuenta que la vista está ya puesta en la PAC post 2027, salvo que se propongan a nivel comunitario.

Agua

El agua es otro de los temas recurrentes durante este año. Aunque el sector sigue reclamando consenso político para alcanzar un pacto de Estado sobre el líquido elemento, lo que se abordará en 2025 es la consulta pública para recabar propuestas, observaciones y sugerencias sobre los documentos iniciales del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033). 

El colectivo de regantes, Fenacore, reclama, al efecto, tras el desastre causado por la dana de finales de octubre pasado, una revisión de las obras hidráulicas previstas para evitar las graves consecuencias de este tipo de siniestros. 

En 2025, además, seguirán licitándose las obras de modernización de regadíos, que cuentan con la cofinanciación de fondos comunitarios Next Generation.

¿Ley de Agricultura Familiar?

Otra de los compromisos del departamento de Luis Planas y del que no se sabe nada aún (ni siquiera en fase de borrador de anteproyecto) es la Ley de Agricultura Familiar, aunque el ministro anunció que el texto se conocería a finales de 2024 o a principio de este año. 

La intención de esta ley sería defender un apoyo público prioritario hacia un colectivo, el agricultor familiar, cuya definición no está clara, pero que podría abarcar a los profesionales que viven principalmente de la actividad agraria y residen en el medio rural, poniendo mayor énfasis en los agricultores jóvenes (recientemente se ha presentado la Guía 'Tierra Firme' para orientar la incorporación a la actividad agraria) y en las mujeres, así como en las explotaciones de titularidad compartida. 

Otros asuntos

Sin ser exhaustivos, sobre la mesa hay también otros asuntos que ocupan y preocupan y que, en su caso, deberán abordarse durante este año, y citamos solo como referencia si habrá cambios o no en la gestión del lobo, tras la decisión de la UE de rebajar a esta especie de “estrictamente protegido” a solo “protegido”; si habrá cambios o no en la actuación MAPA/CCAA en materia de sanidad animal, tras la expansión de algunas enfermedades, o en lo relativo a la exigencia de planes sanitarios integrales de las explotaciones ganaderas comerciales; en materia fiscal, cómo quedará de cara a la campaña de la renta de 2025 de la orden de módulos, que contemple las reducciones de los índices de rendimiento neto de ciertas actividades agrarias afectadas por daños meteorológicos u otras circunstancias excepcionales en 2024; en materia laboral, el incremento de costes de producción que supondrán los anuncios de reducción de la jornada semanal a 35,7 horas y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); el primer año de aplicación de la condicionalidad social en las ayudas de la PAC; o los resultados de la consulta pública para actualizar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, anunciada por la ministra, Sara Aagesen.