Atentos a la cita electoral de Estados Unidos

La campaña electoral en Estados Unidos, que encara sus últimos días antes de la celebración de su cita central el martes 5 de noviembre por la presidencia de Kamala Harris o Donald Trump, no ha tenido a la agricultura en el centro de los debates. Era de esperar, sobre todo porque tampoco existen diferencias insalvables en esta política entre el Partido Demócrata (azul) y el Republicano (rojo).

Es cierto que, históricamente, el sector agrario y el medio rural norteamericano se ha inclinado más por el Partido Republicano, de raíz más tradicional y conservadora, que por el Demócrata, de corte más liberal. Se afirmó por ello que la demócrata Harris había elegido como su segundo y posible vicepresidente a Tim Walz, un antiguo profesor y gobernador del muy rural Estado de Minnesota, por su estilo llano y directo, pero también para arañar votos en el electorado de las zonas rurales de Estados clave como Texas, Wiscosin, Virginia o Nevada, más proclive a dar el voto al candidato conservador.

No estar en el centro del debate entre los candidatos no quiere decir que la agricultura haya pasado desapercibida (hubo mucho movimiento sobre el terreno de los voluntarios de ambos partidos en los tradicionales mercados de agricultores). Nadie puede ignorar que Estados Unidos, debido a sus recursos naturales y a su extensión, es uno de los principales productores y exportadores de materias primas agrícolas al resto del mundo, cuando no el primero (maíz, soja, trigo, algodón, carne bovina y aviar).

En cambio, asuntos de carácter social o económico, con más protagonismo en la campaña electoral, sí tienen un mayor impacto en el sector agrario de la primera potencia mundial, como es el de la inmigración. 

Mientras que el Partido Demócrata propone un incremento de los fondos estatales para mejorar la gestión y el control fronterizo de inmigrantes, con más recursos para afrontar estos casos, el Partido Republicano (o diríamos mejor Donal Trump) ha hecho de este asunto uno de los eje principales de su campaña, no solo para atacar duramente a su contrincante (Harris), sino comprometiéndose a practicar políticas más restrictivas en la frontera y llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes en situación ilegal o irregular (Título 42 y Remain in Mexico).

Crisis migratoria

La crisis migratoria podría afectar al sector agrario de Estados Unidos por algo tan evidente como es que este sector necesita de los inmigrantes, la principal mano de obra (barata) que trabaja en esta actividad. Se calcula que son alrededor de un millón de personas (muchos de ellos en situación irregular), quizás algo menos, los que sirven en las grandes explotaciones hortofrutícolas de California o en las granjas ganaderas del Medio Oeste. Según la Encuesta Anual de Trabajadores Agrícolas (NAWS), aproximadamente el 68 % son de origen foráneo, la gran mayoría de México. Algo que ninguno de los dos grandes partidos puede ignorar.

Las grandes corporaciones del sector agrario han demandado una mayor flexibilidad en el Programa H-2A para permitir a los empresarios poder contratar extranjeros para trabajar, al menos, en empleos agrícolas de temporada. Temen que si Trump gana y cumple sus promesas pueda crearse un grave problema laboral en el campo de Estados Unidos. Aunque ambos partidos no rechazan esta petición, los demócratas quieren que vaya acompañada de la regularización de los trabajadores en situación ilegal, algo sobre lo cual los republicanos no quieren (por ahora) ni oír hablar.

Seguirá el apoyo al agro

De cualquier forma, gane quien gane estos comicios, es difícil que pueda haber grandes cambios en el importante apoyo federal que se da al sector agrario a través de los diferentes programas de subsidios y de financiación. 

Kamala Harris continuaría apoyando a las pymes agrícolas para mantener rentable su actividad; adoptaría medidas a favor de la competencia en la cadena de suministro con el fin de reducir los costes de los insumos y mejorar la posición del eslabón productor; mantendría políticas para fomentar la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente y el clima y reforzaría diversos programas de ayuda alimentaria para los más desfavorecidos.

Por su parte, Trump se posiciona más por un modelo agrícola que por encima de todo fomente la competitividad y la rentabilidad, con una productividad creciente, basada en un uso intensivo de los recursos (insumos) y en los avances científicos (biotecnología) y tecnológicos. Muestra, por el contrario, una menor preocupación por los problemas medioambientales y de lucha contra el cambio climático (emisiones, agua, erosión de suelos, uso de fitosanitarios, fertilizantes, antimicrobianos, etc.).

Divergencia en el comercio 

En el plano comercial agroalimentario sí que se observan importantes diferencias gane el partido azul o el rojo, si tenemos en cuenta cómo fue el anterior mandato de Trump. En principio, con Harris no se prevén cambios apreciables en política comercial y arancelaria con respecto a lo que conocemos (por ejemplo, se mantiene en buena parte el aumento de las tasas a la aceituna negra española, aprobada por Trump, pese al pronunciamiento en contra de la OMC), ni tampoco un mayor impulso para mejorar la situación.  

Por el contrario, Trump podría insistir de nuevo en su America First para hacer MAGA (Make America Great Again). De entrada, ya planteó un arancel del 10 % “universal” a casi todos los bienes importados sin exclusión, así como un tipo específico del 60 % para algunos productos chinos, que veremos si lleva a cabo de ganar estas elecciones.

Un ejemplo reciente, con amplio eco en los medios, fue la amenaza de Trump para gravar con un 200 % todos los equipos fabricados por la multinacional agrícola norteamericana John Deere en México, prometiendo extender este impuesto a todas las empresas que cerraran una planta de fabricación en Estados Unidos para trasladarla a otro país.

Como es de suponer, ese repliegue proteccionista no favorecería el comercio mundial de bienes alimenticios y sí, en cambio, podría incitar a nuevas represalias y “guerras” arancelarias incluso con sus actuales socios (UE, México, Canadá) y por descontado con China. Trump, si alcanza la presidencia, se propone imponer aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses iguales a las tasas que los socios imponen a las exportaciones de Estados Unidos. 

La política comercial “trumpista” iría también en contra de la renovación y del necesario impulso que necesitan instituciones multilaterales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo Órgano de Solución de Diferencias (OSD) sigue paralizado; o la FAO, profundizando todavía más en la “desglobalización” comercial que sobrevino tras la pandemia de covid y las presentes guerras en Ucrania y Oriente Medio.

Pase lo que pase con su política agrícola interior, la influencia de Estados Unidos en los precios de los principales commodities y en el comercio internacional seguirá siendo importante. No obstante, no puede descartarse que sufra cierto declive por la mayor interacción de otros bloques geopolíticos, sobre todo de los BRICS+ del Sur global, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, grandes productores, exportadores y consumidores de materias primas agroalimentarias, junto con Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que se sumaron a principios de año.

La Farm Bill en el candelero

La vigente Ley Agraria (Farm Bill) expiró el pasado 30 de septiembre. Aprobada en 2018, fue prorrogada un año más, hasta 2023. Aunque ahora ya no está en vigor, el gasto se mantiene hasta finales de 2024. El actual Congreso deberá tomar una decisión, optando por una nueva prórroga o esperar a la formación de la nueva Cámara de Representantes y el Senado a principios de 2025.

Al no tener Farm Bill en vigor, algunos programas que afectan a los agricultores y ganaderos quedan en suspenso, como los de promoción comercial en el exterior, sobre sanidad animal, para agricultores socialmente desfavorecidos, veteranos, jóvenes y nuevas incorporaciones o de certificación de agricultura ecológica. Se mantienen, aun no estando vigente la Ley, los programas de seguro de cosechas y los programas de reparto de alimentos a los más desfavorecidos (este último representa casi las tres cuartas partes del presupuesto de la Farm Bill). 

Demócratas y republicanos no han logrado superar sus discrepancias para ponerse de acuerdo en los últimos meses para aprobar una nueva legislación, pero sea quien gane las elecciones tampoco se prevén cambios radicales en el actual sistema de apoyo a la Agricultura de Estados Unidos.