¿Cómo funcionan los mercados de carbono?

A los agricultores que están trabajando para capturar carbono en sus explotaciones y evitar emisiones a la atmósfera les gustaría recibir una compensación económica por sus prácticas ambientales, pero los mercados actuales de carbono resultan demasiado complejos.

Existen dos tipos de mercados, uno de ellos obligatorio y utilizado por los países que deben compensar sus emisiones tras haber aceptado los límites establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cnmucc) y su Acuerdo de París. Este mercado está regulado mediante instrumentos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto o el Plan de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU-ETS).

Cada tonelada de dióxido de carbono se mide en bonos de carbono o certificados de emisiones reducidas (CER) y las empresas que quieran ofrecerlos en el mercado deben contar con proyectos validados y verificados por entidades acreditadas.

Límites a la agricultura

En España opera el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2), creado en 2011 (a través del artículo 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo) y dirigido a generar actividad económica baja en carbono y resiliente al clima.

Fuentes de la Oficina Española de Cambio Climático, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), explican a Efeagro que el sector agrícola está incluido en ese fondo, por lo que pueden recibir apoyo financiero los proyectos de tratamiento de residuos orgánicos ricos en nitrógeno y los de sustitución o reducción del uso de combustibles fósiles.

Tras su última convocatoria de 2021, está previsto que el fondo promueva actuaciones adicionales de adaptación al cambio climático, reducción de emisiones y aumento de sumideros de carbono.

Los expertos advierten de que hasta ahora se han registrado muchos proyectos de reforestación y transacciones de pequeño tamaño en un mercado que, sin embargo, apenas tiene demanda o liquidez, mientras que el Gobierno sigue sin desarrollar nuevas metodologías a la espera de lo que haga la Unión Europea, que quiere crear su propio sistema.

Frente al mercado obligatorio, hay otro voluntario de créditos de carbono que utilizan empresas y entidades interesadas en compensar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este segundo mercado incluye transacciones de créditos como los VER (reducciones verificadas de emisiones), sometidos a determinados requisitos o estándares, entre los que destacan los de las agencias certificadoras Verra (con su estándar verificado de carbono o VCS), Gold Standard, Climate Action Reserve (CAR) o American Carbon Registry (ACR).

Un mercado desigual

La investigadora Belén Lostao, autora de una trabajo sobre el potencial de la agricultura en los mercados voluntarios de carbono en la Universidad Politécnica de Madrid, señala que hace unos años los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto dejaron de funcionar y ahora el mercado voluntario ha resurgido con múltiples estándares, volúmenes pequeños y sin un órgano supervisor.

Estos estándares copian el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que se desarrolló principalmente para que los países más contaminantes pagasen por sus emisiones financiando proyectos en países en desarrollo, lo que explica que la mayoría de los nuevos proyectos certificados estén en esos países.

Además, el mercado voluntario ha estado históricamente dominado por los llamados créditos basados en emisiones evitadas, generados por proyectos de conservación de bosques o energías renovables.

De hecho, su oferta se compone en un 90 % de este tipo de emisiones y solo en un 10 % de absorciones reales, según algunos estudios.

Se espera que las emisiones evitadas dejen de ser elegibles para generar créditos de carbono y que la demanda pase a interesarse más en comprar créditos de alta calidad, como los de absorciones de carbono que supongan más beneficios sociales o ambientales.

Esta reducción de la oferta puede derivar en un aumento del precio de los créditos de CO₂ en medio de la tendencia internacional por crear normas que garanticen la integridad de esos mercados, según Lostao, que ve potencial para que los agricultores puedan ser recompensados por sus prácticas de almacenamiento de carbono en suelos y biomasa.

En la actualidad, sin embargo, su investigación refleja que la generación de créditos de carbono solo es rentable cuando se trata de proyectos agrícolas a gran escala por su capacidad de reducir costes.