Imágenes distorsionadas

Conceptos desenfocados en las políticas agrarias 

Las protestas agrarias han dado lugar a una larga lista de reivindicaciones, que han tenido respuestas efectivas desde distintos ámbitos políticos. Sin embargo, en mi opinión, algunos planteamientos y algunas informaciones están desenfocados. Es decir, o son incorrectos o están mal definidos o son inviables, sin que haya conciencia de ello. 

La visión distorsionada de aspectos de la realidad dificulta el acierto en el diseño de políticas, sobre todo en un momento en que avanzar en las soluciones es crucial para recuperar equilibrios y confianza del sector agrario. 

Me referiré a algunos temas que, en mi opinión, responden a esta imprecisa o inadecuada visión. 

Subvenciones al consumidor

En el reciente artículo 'Protestas campesinas y subvenciones agrícolas', señalaba que existía un desajuste entre el diseño de la arquitectura de subvenciones de la PAC 2023-2027 y los objetivos que se perseguían con ello. 

Entre otras cosas, dije que las subvenciones en realidad eran ayudas al consumidor. Esta afirmación ha generado incredulidad. Pero, tal como señalé, la PAC consume el 28,4 % de los recursos financieros presupuestados por la Unión Europea, mientras el PIB europeo del sector primario es el 1,3 % y los ocupados del sector primario el 4 %. Son unos datos que, por su magnitud, dejan sin sentido el argumento que sitúa las subvenciones agrarias próximas al concepto de la caridad.

Sin duda cuesta imaginar tanta generosidad, a menos que el beneficiario sea otro, como realmente es. Pero la consideración “caritativa” de las subvenciones agrarias ha sido un argumento poderoso en manos del bullying agro-rural.

Volvamos a recordar los objetivos originales de la PAC, señalados por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea en su artículo 39: incrementar la productividad de la agricultura, garantizar la seguridad de abastecimiento, estabilizar los mercados, asegurar unos precios razonables a los consumidores (es decir, bajarlos) y, como intermediario necesario, asegurar un nivel de vida adecuado para la población agraria. 

Posteriormente, con fronteras más abiertas, las subvenciones ganaron un nuevo papel: ser una barrera, en frontera, frente a la competencia exterior. Una especie de arancel frente a terceros, pero pagado por el propio país. Es decir, en lugar de hacer pagar un arancel al importador, dar este importe en forma de subvención al agricultor para que pudiese hacer frente a la competencia en un mercado más abierto. 

La PAC ha ido adaptándose a lo largo de los años. Las disfunciones detectadas, las presiones de un entorno comercial que se iba globalizando y las sucesivas ampliaciones de la UE, abrieron el camino a una cadena sucesiva de reformas. Para justificar la continuidad de las ayudas frente a la Organización Mundial de Comercio (OMC) hubo que realizar importantes cambios en la estética proteccionista. Y, digámoslo sin hacer mucho ruido, estos cambios requirieron mucha creatividad en el léxico de la PAC. 

Los objetivos cambiaron, se reverdecieron, se desacoplaron en buena parte las subvenciones estructurales y se estableció una lista generosa de objetivos medioambientales, más aceptables para cerrar acuerdos comerciales en el marco de la OMC. De tal modo que permitieran hacer más o menos lo mismo y pagar, más o menos, lo mismo a las mismas personas.

La nueva PAC 2023-2027 aportó nuevos objetivos. Pero los originales, implícita o explícitamente, siguen presentes todavía. 

Precisamente la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, sobre el sistema de gestión de la PAC, dice textualmente: 

"La PAC ha sido el principal instrumento del que se ha dotado la Unión Europea para garantizar la rentabilidad de las explotaciones, la estabilidad de las rentas de agricultores y ganaderos y para garantizar la autonomía alimentaria de los ciudadanos europeos, lo que apoya la idea de que las ayudas de la PAC suponen un beneficio para el conjunto de la sociedad. Y no solo para los agricultores. [...] es necesario poner en marcha una batería de medidas que aseguren la producción de alimentos y la suficiencia alimentaria, por lo que es fundamental dotar al sistema alimentario de seguridad, estabilidad y rentabilidad".

Sin embargo, entre tanta reforma y mucha cosmética se han olvidado las raíces, las verdaderas razones de las ayudas a la agricultura. Este error obliga a caminar a ciegas a la hora de diseñar políticas. 

A ciertos niveles la incomprensión provoca rechazo. Incluso entre los agricultores existe una cierta incomodidad, precisamente como reacción a esta opinión generalizada de desprestigio de las ayudas agrarias.

Mas allá de la cosmética

Las subvenciones estructurales agrarias no son meras espectadoras de los mercados, sino que intervienen en ellos. La modificación de estas ayudas genera impactos determinados. Precisamente, en conversación con Ricard Ramon, jefe de Unidad Adjunto de Perspectivas de la PAC DG AGRI de la Comisión Europea, me hizo observar cómo la supresión de las ayudas al tabaco había supuesto el inmediato aumento del precio por el mismo valor de las subvenciones suprimidas. Paradójicamente, las subvenciones agrarias habían estado financiando no al agricultor, sino a la empresa Tabacalera y al fumador de los cigarrillos. Tal como las subvenciones agrarias, que están financiando al consumidor de alimentos.

El sistema de subvenciones agrarias forma parte de una compleja malla de vectores cuyas resultantes determinan los equilibrios del mercado. Por ello, cualquier modificación sustancial de aquellas generará impactos en el conjunto de vectores. 

Supongamos que un determinado momento se suspenden todas las ayudas estructurales agrarias. Los resultados esperables, tras una transición de ajuste más o menos complicada, serían unos precios alimentarios más altos, más volátiles e inestables, un cierto agravamiento de las tensiones de proveimiento alimentario en las capas más bajas y una pérdida de competitividad respecto al mercado global. 

Son diferentes vectores con dinámicas propias y complejas. Por tanto, la intensidad de los distintos impactos será difícil de prever exactamente, pero todos ellos deberían ser considerados en cualquier análisis de prospectiva.

Con la finalidad de facilitar la asunción correcta del sentido de las subvenciones, sería conveniente, desde un punto de vista didáctico, hablar de “subvenciones alimentarias” en lugar de subvenciones agrarias. Es decir, debería separarse el agricultor del destino de las subvenciones agrarias.

Agricultores activos

Existe un mantra repetido hasta la saciedad por las organizaciones agrarias, los medios de comunicación y la propia Administración pública acerca de la elevada edad de los agricultores. Esta imagen de campesinos envejecidos se asimila a sector atrasado, sin salida, incapaz de dar respuesta a los retos modernos. Una imagen que facilita y realmente moviliza el desprecio. Una imagen que, simplemente, es falsa.

Curiosamente, en las ciudades ha sorprendido que los campesinos que han ocupado las calles las pasadas semanas eran bastante jóvenes y que tenían unos tractores modernos, por no decir modernísimos, conducidos automáticamente por GPS mediante inteligencia artificial. Una conducción automática sin conductor que nuestros vehículos particulares aún no tienen.

Hace muchos años que estoy intentado clarificar la edad de los agricultores. En julio 2022 escribí en la revista Índice el artículo “¿Por qué contamos mal los agricultores?”. Las cifras que reflejaban las estadísticas eran bien claras. Sin embargo, todas las Administraciones públicas (UE, España y comunidades autónomas) han seguido insistiendo en esta imagen de sector a punto del cierre por defunción. 

¿Dónde está la discrepancia? El error se debe a que estamos contando titulares de la PAC, en buena parte propietarios jubilados sin ninguna actividad agraria. De acuerdo con este criterio, la edad media de los campesinos españoles es de 61,4 años. Por el contrario, el 70,6 % de los ocupados agrarios, los afiliados a la Seguridad Social, los que realmente trabajan, tienen entre 25 y 54 años. Mas allá de los 65 años, los agricultores no jubilados prácticamente no tienen entidad estadística. 

Esta forma de contar la edad de los activos de un sector es totalmente singular para la agricultura. ¿Por qué? Porque los fondos de la PAC están desligados de la actividad y en buena parte vinculados a la propiedad. Y la propiedad generalmente no se cede hasta la muerte. 

Conservar la titularidad supone mantener las rentas de la PAC de por vida. Lógicamente, el propietario titular de la PAC podría ceder esta titularidad al agricultor real a cambio de un arrendamiento incrementado con el valor de la PAC que se transfiere, pero generalmente el propietario prefiere conservar esta titularidad. 

La reforma de la PAC 2023-27 ha reforzado la figura del agricultor activo o genuino, y ello está facilitando la cesión de titularidades. Es decir, está facilitando comenzar a contar agricultores, no rentistas de tierras. Sin desmerecer el valor de haber sido agricultor y seguir siéndolo como opción personal vitalicia.

El empecinamiento en negar esta realidad y ofrecer estadísticas sin sentido está dificultando el relevo generacional, del que tanto se quejan quienes en realidad lo están impidiendo. A su vez, está distorsionando el soporte a la agricultura real. 

Por ejemplo, las ayudas derivadas de la sequía las cobra el titular de, por ejemplo, 96 años. Ello obliga al agricultor real, que es quien tiene el problema y la necesidad de soporte, a negociar con el titular-propietario para beneficiarse de esta ayuda. 

En conclusión: un sinsentido, defendido por sindicatos, organizaciones agrarias y Administración. Un desajuste que se ha evidenciado en parte en las recientes protestas, donde organizaciones nuevas de jóvenes agricultores señalan la necesidad de renovación en algunas entidades.

Deberían identificarse forzosamente los titulares de la PAC con los ocupados agrarios gestores de empresas agrarias. Así dejaríamos de hablar de la falsa elevada edad de los campesinos. Veríamos las empresas agrarias de otra manera y con números muy distintos (menos empresas, más grandes y muchas de ellas definidas como sociedades mercantiles). Dejaríamos de confundir propietarios de tierras con agricultores activos. Y haríamos un gran favor a la renovación generacional.

Empresas agrarias

Este proceso de contar mal los agricultores conlleva que ocultemos la realidad del proceso de reestructuración de la agricultura. Múltiples titulares de la PAC jubilados han cedido la gestión de las tierras (no la titularidad de la PAC) a otros agricultores más jóvenes. Durante este proceso, muchos jóvenes agricultores han unido la gestión de diversas fincas, de diversos titulares de la PAC. 

¿Dónde están las empresas agrarias? Supongamos que un agricultor joven gestiona los campos de 11 titulares de la PAC, con lo que en realidad está cultivando 300 hectáreas de extensivos. Supongamos que para ello ha constituido una empresa de servicios en forma de S.L. Siguiendo la lógica PAC, tenemos 11 empresas agrarias con una dimensión mediana de 27 ha. Siguiendo la lógica económica, tenemos una empresa de servicios que gestiona 300 ha. 

Prefiero la lógica económica porque me explica la realidad. La lógica PAC la oscurece, y en el Ministerio o en Bruselas siguen contando inexistencias.

La Ley de la Cadena Alimentaria

Las organizaciones agrarias han insistido en la inoperatividad de la Ley de la Cadena Alimentaria, que debería garantizar el pago siempre por encima del coste, tal como prescribe. Ante este descontento, el Gobierno ha dado buenas palabras para mejorarla. 

En mi opinión, contradiciendo a la más generalizada, la Ley de la Cadena Alimentaria es una buena ley. Pero tiene un defecto, incorporado posteriormente a su aprobación. El defecto es, precisamente, la cláusula que exige que siempre se comprará por encima de los costes. 

Esta exigencia es en realidad ficticia. Sin duda que cada agricultor debería vender a nivel o por encima de su coste, pero los costes son distintos entre las distintas empresas agrarias. La única posibilidad para cumplir la ley sería el establecimiento de un precio público, algo que iría contra el acervo comunitario y sería inaceptable para la Organización Mundial de Comercio. 

Cada ley sirve para lo que sirve. Las leyes de tráfico, por ejemplo, no mejoran la seguridad alimentaria, no es su función. la Ley de la Cadena Alimentaria no puede acometer tampoco el objetivo referido de garantizar que un precio a todos por encima de su particular coste. 

Continuar por esta vía muerta impide reconocer y fortalecer los aspectos positivos de la ley, que son muchos: un marco para el diálogo y el entendimiento, un sistema para evitar y sancionar abusos, un observatorio capaz de hacer más transparente el mercado y, sobre todo, unos contratos a tiempo dilatado que impiden abusos del eslabón dominante de la cadena. 

La ley es mejorable, por supuesto, pero pretender que el olmo dé peras es desviar la atención y confundir. Mientras se dedican esfuerzos en un camino sin salida, se pierde el tiempo preciso para optar por vías realmente efectivas de transformación positiva. 

Integración y cooperación

¿Dónde están los caminos de solución? Las empresas agrarias españolas se enfrentan a retos de una gran magnitud. Desde el sector público hay que acompañarlas y darles soporte técnico y económico, pero el sector debe utilizar sus propias energías.
La fuerza del sector agrario dentro de la cadena alimentaria es su unión. De ahí nace su capacidad de negociación. 

En este sentido, la cooperación es el mejor camino para sostener la unidad de la explotación, pero ganando dimensión para abordar los retos medioambientales, tecnológicos y comerciales. 

Las cooperativas nacieron de la dificultad. Las dificultades actuales las hacen de nuevo más necesarias. Alternativamente, el modelo de integración ganadera ha resultado estable y positivo como relación win-win, con ella todos se reconocen satisfechos en su nivel de participación y responsabilidad. Mientras una parte asume el riesgo de la producción, la otra, con mayor capacidad financiera, asume el riesgo de mercado. Un modelo perfectamente exportable a la agricultura. 

Las recientes protestas han evidenciado la fuerza de la unión. El alimento es, después del agua, el producto más básico para nuestra vida. Quien dispone de esta poderosa e irremplazable fuente de energía tiene un gran poder. Sin embargo, para dar contenido a estas capacidades el catalizador imprescindible es la unión, la integración y la cooperación. 

Hasta ahora, con relación a la PAC todo (o mucho) se había cambiado para que nada cambiara. A partir de ahora, algunas cosas deberían cambiar para poder obtener resultados distintos y emprender los caminos del futuro con proyecciones sólidas y bien diseñadas.