La nueva PAC, una oportunidad para el sector de las frutas y las hortalizas

La futura Política Agraria Común es ya prácticamente presente. Entrará en vigor el primer de enero de 2023 y en España, desde el Gobierno, se continúa dando forma y sentando las bases para su aplicación a nivel administrativo y, en paralelo, se está llevando a cabo una intensa campaña desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para aclarar todas las dudas que pueden surgir a los potenciales beneficiarios españoles.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 11 de octubre, a propuesta del propio Ministerio, un paquete legislativo compuesto por tres reales decretos destinados a apoyar la actividad de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, en el marco de aplicación de la Política Agraria Común (PAC)

Dentro de este paquete normativo, el Gobierno ha aprobado un real decreto que regula los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones, en el marco de la intervención sectorial para alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Para ello se dispone de las reglas aplicables a sus objetivos, aprobación, modificaciones posteriores y financiación mediante normas especiales, en materias como la prevención de crisis o los objetivos medioambientales. También se recogen las disposiciones relativas a otros elementos relacionados, como la ayuda financiera por aplicación de los programas.

Esta norma supone una oportunidad para que los productores de frutas y hortalizas puedan alcanzar sus objetivos a través de sus organizaciones de productores, mediante las posibilidades de aumento de financiación que ofrece la nueva PAC, al tiempo que atiende las demandas de la sociedad sobre una mayor protección del medioambiente.

Además, se ha aprobado un real decreto que modifica los criterios de reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, en línea con las necesidades detectadas durante la elaboración del plan estratégico, que atienden tanto a las recomendaciones de la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico Nacional, como al diagnóstico realizado en la elaboración de dicho documento. Se ofrece al sector un periodo de adaptación de cuatro años.

El tercer real decreto aprobado modifica el real decreto de 2018 que regula los programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, con el objetivo de paliar las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania y los efectos desfavorables de las condiciones climáticas ocurridas en la última campaña, con episodios de sequía y heladas durante la primavera, que han afectado al desarrollo normal de las producciones en numerosas comarcas españolas.

Este real decreto recoge una serie de flexibilizaciones para mitigar las dificultades que tienen las organizaciones de productores para aplicar y ejecutar las ayudas a través de programas operativos. Para ello, España negoció con la Comisión Europea reglamentos que autorizan excepciones, de carácter temporal, a la normativa comunitaria que regula la aplicación de los programas operativos.

Las flexibilizaciones, que se aplican a toda la anualidad 2022 de los programas operativos, incorporan decisiones como la posibilidad de establecer mayor margen para las modificaciones de los programas, se aumenta la facultad de solicitar anticipos y pagos parciales, paliar las consecuencias que pudiera tener la reducción del valor de la producción comercializada en el cálculo de la ayuda y en el reconocimiento de las organizaciones de productores.

En este último real decreto del paquete aprobado también se flexibilizan los límites porcentuales de determinadas medidas de los programas y se establecen las condiciones que permitan a las organizaciones de productores elevar la ayuda hasta un 70 % de los pagos realizados, para las acciones que se hayan podido llevar a cabo en programas operativos que hayan sufrido un descenso en su ejecución, en relación con el programa operativo aprobado.

La ayuda a los programas operativos ha supuesto, en anualidad 2020 (la última de la que se dispone de datos completos y pagada en 2021), más de 275 millones de euros, con un incremento medio de más de un 5 % anual. Se prevé mantener esta evolución en el próximo periodo financiero.