Los escorpiones, Mercadona, los plazos de pago y los alimentos baratos

En un artículo anterior, titulado '¿Qué pasa con los precios? ¿Nos roban a los consumidores?', presenté mi visión de la cadena alimentaria y su funcionamiento. 

Recordando el cuento del escorpión que se ahoga al cruzar el río picando a la rana que le estaba ayudando, la califiqué de “cadena de escorpiones”, siéndolo todos sus actores (consumidores, industria alimentaria y distribución), y destacando que su eslabón más débil, el productor agrario, es también un escorpión, pero más pequeñito. Para mayor desarrollo, les invito a que consulten el artículo en cuestión.

Concluía, entre otras cosas: “¡Qué fácil sería encontrar al ladrón abusador para arreglar el tema! ¡Y qué complicado es avanzar en lo concreto para conseguir primero una cadena creadora de valor y luego un reparto equilibrado de este valor entre sus actores! ¡No es sencillo conseguir que los escorpiones colaboren entre ellos, aunque este sea el interés real de todos y cada uno de ellos!”.

A los pocos días, Mercadona presentó sus resultados anuales de 2023. Este ha sido su mejor año, ya que facturó ventas por unos 35.527 millones de euros, y obtuvo unos beneficios de 1.009 millones que supusieron un 40 % más que los obtenidos en el 2022, habiéndose incrementado las ventas un 15 %. Algunos consideraron que ya habíamos encontrado al ladrón. 

Estamos hablando de unos buenos resultados, pero los beneficios son solo un 2,84 % de la facturación, un porcentaje que puede difícilmente calificarse como excesivo. La cifra del 40 % de aumento de los beneficios puede parecer espectacular, pero se debe matizar por distintas razones, siendo la primera la mejora de los resultados obtenidos en Portugal que, hasta ahora estaba en pérdidas.

Estamos hablando de un negocio de volumen y rotación, con un gran inmovilizado y un peso importante de los costes fijos, inversiones y personal. Por lo tanto, tiene su lógica que un aumento de la facturación provoque un incremento más que proporcional de los beneficios, ya que en esta fase estamos hablando de costes marginales.

Una pregunta interesante es saber a qué responde este aumento de la facturación. En un contexto muy competitivo, en el que las distintas cadenas de distribución son conscientes de la importancia creciente para muchos consumidores del factor precio, Mercadona ha aumentado su cuota de mercado en España hasta el 26,3 % en febrero 2024, según Kantar Worldpanel. Era “solo” del 25,1 % en mayo 2023. 

Siendo ya la empresa líder, también es la que más está aumentado su cuota de mercado. Estos datos no cuadran con la imagen de un ladrón que iría robando un número creciente de consumidores.

No parece, por lo tanto, que haya nada que objetar desde este punto de vista, como tampoco parece que haya que poner un “pero” en el ámbito salarial. Es una de las empresas de la distribución con mayor estabilidad en la plantilla, algo querrá decir; esta plantilla aumentó en 5.000 nuevos trabajadores, 3.200 en España y 1.800 en Portugal, superando por primera vez la cifra de 100.000 personas (104.000); tiene convenio propio firmado y en vigor con los sindicatos de trabajadores; la subida salarial estuvo de acuerdo con el IPC y hay distintas primas por objetivos y beneficios.

Los plazos de pago

El talón de Aquiles podría encontrarse en los plazos de pagos. Con la rotación de productos que tienen, estos se venden antes de haberlos pagado al suministrador. Con la subida de los tipos de interés, esta disponibilidad de caja es una fuente adicional de beneficios para la empresa. Según nos cuenta el diario Expansión, Mercadona habría ganado 100 millones por la gestión de tesorería en el 2023.

Es verdad que, siendo el tema de los plazos de pagos la más frecuente causa de sanción por parte de la Agencia de Información de la Cadena Alimentaria (AICA), Mercadona no aparece en la lista de sancionados; sí aparecen, sin embargo, otras empresas de la distribución, como (entre otras) Caprabo o Alcampo. 

Pero en estos momentos está en discusión a nivel europeo un nuevo Reglamento (lo equivalente a una ley en nuestro ordenamiento jurídico nacional) que aborde este tema. 

Está actualmente vigente una Directiva (instrumento jurídico que fija unos objetivos comunes para toda la Unión, pero deja margen a los Estados miembros para su transposición en su legislación propia) data del 2011 y establece un plazo de pago de 30 días para las operaciones entre empresas. Sin embargo, el plazo puede ampliarse a 60 días o más, "si no resulta manifiestamente abusivo para el acreedor".

Desde el punto de vista que nos ocupa hoy, la novedad principal de la propuesta de la Comisión es limitar los plazos de pago de facturas a 30 días para todas las operaciones comerciales, bajo apercibimiento de los Estados miembros de sanciones y multas a las empresas que se retrasen en los pagos. 

Esta propuesta es rechazada por la patronal europea de la distribución, estando el resultado final del proceso decisional todavía incierto, ya que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) ha aprobado unas enmiendas que todavía deben negociarse, y estamos en el final del mandato tanto de la Comisión como del propio Parlamento Europeo.

Una alimentación barata

El precio de los alimentos hoy no incorpora todos los costes que genera, entre otros ambientales y sanitarios, que son asumidos por la sociedad. En una carrera infernal, la cadena alimentaria no es a veces creadora sino destructora de valor, situación a la que intenta aportar remedios la Ley de la Cadena. 

Pero si los alimentos llegan a costar lo que realmente valen, una buena parte de la población española y europea, la que está ya hoy fragilizada por el impacto de las crisis económicas a repetición que hemos vivido desde el 2008, va a ser impactada directamente.

Es muy fácil, y cómodo para determinados políticos, decir que, al mismo tiempo, quieren precios justos para el campo y baratos para los consumidores. Resuelven esta cuadratura del círculo culpando al ladrón al que nos hemos referido antes.

Estoy convencido, al mismo tiempo, que no hay ladrón, que los precios de los alimentos han de subir, que no se puede dejar abandonado a la parte más frágil de la población, pero que la factura no la pueden pagar los agricultores y ganaderos y sus familias.

La inevitable transición ecológica, en nuestro caso, agroecológica, ha de ser inclusiva. Si no, es el propio proceso de adaptación al, y mitigación del, cambio climático el que está en peligro, que es como decir la presencia de la especie humana sobre este planeta.

Para ser “inclusiva”, los ciudadanos españoles y europeos han de ver que sus problemas y dificultades son comprendidas y asumidas, y estas van mucho más allá que la alimentación. No hay solución mágica, sino una mezcla de medidas y actuaciones en múltiples frentes. 

En nuestro campo, el de la alimentación, podemos pensar en distribuciones gratuitas y cheques alimentarios como en los Estados Unidos. Pero también hay que incorporar a la ecuación el coste de la vivienda, del transporte, de la educación y de la sanidad, del ocio y el tiempo libre, la fiscalidad y su distribución y las ayudas públicas…

Por supuesto, el construir una visión global de la magnitud del problema es difícil, y explicarlo al público en un mundo en donde priman los 140 caracteres de Twitter aún más. Es difícil pero necesario. A ver si en esta campaña electoral de las elecciones europeas tenemos la oportunidad de oír cosas sensatas.