13 June 2023
Desde que en 2020 se adoptara el Pacto Verde, los agricultores son cada día más conscientes de que el lugar en el que se debate su futuro es Bruselas. Y también, que en ese juego de decisión compartida entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, todos tienen un papel relevante.
La Comisión lanza sus propuestas, alineadas sobre la base de la Estrategia de la Granja a la Mesa. El Parlamento Europeo propone enmiendas. Y el Consejo, liderado por la presidencia de turno, aporta las suyas. Al final hay que buscar una posición intermedia. Y en ese equilibrio los lobbies y la investigación juegan un papel importante.
En las últimas semanas hay mucha actividad en el Parlamento Europeo en torno a los fitosanitarios. Se está debatiendo la propuesta de Reglamento de uso sostenible de los productos fitosanitarios lanzada por la Comisión en julio del año pasado.
El primer documento proponía la reducción del 50 % en el empleo de productos químicos, así como la aplicación del control integrado de plagas como una alternativa. También recogía la prohibición del uso de pesticidas en áreas sensibles.
El expediente se trabaja en el seno de dos comisiones del Parlamento Europeo: la de Medio Ambiente y la de Agricultura. Ambas emiten sus opiniones y propuestas.
El ponente de la Comisión de Medio Ambiente exponía hace unos días sus recomendaciones: elevar el objetivo de reducción del uso de pesticidas más peligrosos al 80 % para 2030; y cambiar el período de referencia de las metas a 2018-2020, en lugar de 2015-2017.
Para las aéreas sensibles planteaban la utilización de los productos autorizados en agricultura ecológica.
Por último consideran oportuno imponer un impuesto a los productos químicos, para dotar un fondo estatal que facilite la aplicación del Reglamento. Es decir, endurecer la propuesta.
Mientras tanto, la Comisión de Agricultura ha dedicado las últimas sesiones a escuchar la opinión de expertos. En una de las sesiones del mes de mayo han participado los representantes de un proyecto europeo de investigación e innovación denominado IPMWORKS. Su objetivo era la creación de una red de agricultores pioneros en demostrar la rentabilidad económica de las estrategias de control integrado de plagas, con bajo uso de pesticidas.
La opinión trasladada por representante de este proyecto es que, aun siendo necesario el uso de productos químicos, el control integrado de plagas es una alternativa posible, aunque más cara. No obstante, su trabajo no se ha extendido a todos los cultivos, entornos geográficos y países.
El Parlamento tendrá que debatir su posición definitiva, considerando las propuestas de las dos comisiones. En las negociaciones políticas es necesario ceder para llegar a un acuerdo, lo que me lleva a pensar que su propuesta definitiva irá más allá de lo que inicialmente propuso la Comisión.
Estoy seguro de que los lobbies asentados en Bruselas están haciendo su trabajo, y ahí encontraremos grupos medioambientalistas, agricultores y empresas de control de plagas. Los primeros se acercarán con más facilidad a la Comisión de Medio Ambiente; los segundos a la de Agricultura. Está claro que los agricultores, cuando voten dentro de un año en las elecciones al Parlamento Europeo, deben ser conscientes de la trascendencia de su decisión.
Y, mientras tanto, España asume la presidencia del Consejo Europeo a partir del próximo 1 de julio.
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