A la espera de la versión final de la CSDDD, se anticipa como esta nueva normativa podría afectar a las cooperativas del sector agroalimentario.

El sector agroalimentario español es un pilar fundamental de la economía nacional y de la seguridad alimentaria global. Representa cerca del 10% del PIB, genera más de 2,4 millones de empleos y posiciona a España como uno de los principales exportadores de productos agrícolas en la Unión Europea. Sin embargo, su papel en la economía va más allá de los indicadores macroeconómicos: es un actor clave en la sostenibilidad del sistema alimentario global, en la preservación del medioambiente y en la garantía de derechos laborales para miles de trabajadores, especialmente en zonas rurales.

A pesar de su importancia estratégica, el sector enfrenta desafíos estructurales que lo exponen a riesgos en materia de derechos humanos (DDHH). Las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, la falta de trazabilidad en la cadena de suministro y los impactos ambientales asociados a la producción intensiva son algunos de los temas que han puesto bajo escrutinio a las empresas agroalimentarias, incluidas las cooperativas agrícolas, que representan más del 60% de la producción agroalimentaria en España.

Regulación y Exigencias en Derechos Humanos: Un Punto de Inflexión

El marco regulatorio europeo ha evolucionado significativamente en los últimos años para garantizar que las empresas, incluidas las del sector agroalimentario, cumplan con estándares más estrictos en materia de derechos humanos y sostenibilidad. En este sentido, dos directivas marcan un punto de inflexión:

La Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) exige que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos adversos en DDHH y medioambiente dentro de sus operaciones y su cadena de suministro. Esto afectará directamente a cooperativas agroalimentarias que formen parte de grandes cadenas de valor o que exporten productos al mercado europeo.

La Directiva de Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) obliga a las empresas a reportar con mayor transparencia sus impactos en sostenibilidad, aplicando el principio de doble materialidad. Las cooperativas agroalimentarias estarán sujetas a estas nuevas exigencias si superan ciertos umbrales de facturación y empleados.

Esta creciente presión regulatoria no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino que también redefine la competitividad del sector. Empresas y cooperativas que no se adapten podrían enfrentar restricciones en el acceso a mercados internacionales, pérdida de confianza de inversores y sanciones económicas.

Como señala John Ruggie, arquitecto de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH, "las empresas que ignoran los derechos humanos en sus operaciones no solo ponen en riesgo a las personas, sino que también se exponen a pérdidas económicas y legales irreversibles".

¿Por Qué Este Artículo es Clave para las Cooperativas Agroalimentarias?

Dada la magnitud del impacto de estas regulaciones, este artículo tiene como objetivo proporcionar una hoja de ruta para que las cooperativas agroalimentarias comprendan y adopten la debida diligencia en DDHH de manera efectiva. A lo largo del análisis, exploraremos:

Cómo la CSDDD y la CSRD afectan a las cooperativas agroalimentarias y qué obligaciones deben cumplir.
Cuáles son los principales riesgos en DDHH dentro del sector y cómo identificarlos.
Qué estrategias pueden aplicar las cooperativas para integrar la debida diligencia en su modelo de negocio.
Qué oportunidades surgen de este nuevo paradigma y cómo pueden fortalecerse frente a la competencia.

Las cooperativas agroalimentarias no solo enfrentan desafíos regulatorios, sino que también tienen la oportunidad de liderar la transición hacia un modelo más sostenible y ético. Adaptarse a la nueva realidad normativa no es solo una cuestión de cumplimiento, sino una estrategia para garantizar la viabilidad y resiliencia del sector a largo plazo.

Cooperativas Agroalimentarias en España: Responsabilidad y Riesgos en DDHH

El modelo cooperativo agroalimentario ha sido históricamente un pilar del desarrollo rural en España, proporcionando estabilidad económica a miles de agricultores y garantizando el acceso a mercados nacionales e internacionales. Con más de 3.600 cooperativas agroalimentarias y más de un millón de socios, estas organizaciones representan más del 60% de la producción agroalimentaria española y desempeñan un papel clave en la estructura del sector.

Sin embargo, su estructura descentralizada y su conexión con cadenas de suministro complejas las expone a riesgos significativos en materia de derechos humanos (DDHH), especialmente en la contratación de trabajadores, la trazabilidad de su producción y la gestión de proveedores. En este contexto, las nuevas exigencias regulatorias obligan a las cooperativas a adoptar un enfoque más riguroso en la debida diligencia en DDHH, ya que ignorar estos riesgos podría traducirse en sanciones, pérdida de mercados y daños reputacionales.

Características del Modelo Cooperativo

Las cooperativas agroalimentarias presentan particularidades que las diferencian de otras estructuras empresariales y que influyen tanto en sus fortalezas como en sus vulnerabilidades en materia de DDHH.

Modelo de Gobernanza Democrática y Participación: Una Ventaja en la Integración de Estándares ESG

El principio de "un socio, un voto" caracteriza la gobernanza de las cooperativas, lo que potencialmente facilita la adopción de prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), ya que:

Fomentan la transparencia y la rendición de cuentas interna.
Incentivan la participación de pequeños productores en la toma de decisiones.
Tienen un enfoque de beneficio social y económico a largo plazo, más allá del mero retorno financiero.

Este modelo democrático puede ser un aliado clave en la implementación de la debida diligencia en DDHH, ya que permite integrar mecanismos de supervisión y control con el respaldo de los socios.

Estructura Descentralizada y Retos en la Trazabilidad de DDHH

A pesar de su fortaleza en términos de gobernanza, las cooperativas agroalimentarias operan en redes descentralizadas, lo que genera desafíos significativos en el seguimiento y control de DDHH:

Diversidad de socios y proveedores: Las cooperativas pueden incluir cientos de pequeños productores, lo que dificulta una evaluación uniforme de prácticas laborales.
Externalización de procesos críticos: La recolección, el transporte y la transformación de productos suelen estar tercerizados, lo que limita la trazabilidad de la cadena de valor.
Falta de sistemas de control internos robustos: Muchas cooperativas carecen de auditorías sistemáticas sobre las condiciones de sus trabajadores y proveedores.

En este contexto, la adopción de herramientas digitales de trazabilidad y monitoreo (como blockchain o bases de datos compartidas) será crucial para garantizar el cumplimiento de la normativa en DDHH.

Diferencias entre Cooperativas Pequeñas y Grandes en Capacidad de Cumplimiento Regulatorio

El tamaño y la capacidad operativa de una cooperativa influye directamente en su posibilidad de adoptar procesos de debida diligencia en DDHH:

Las cooperativas más pequeñas necesitarán apoyo institucional y formación para adaptarse a la nueva regulación sin comprometer su viabilidad económica.

Áreas Críticas de Vulneración de DDHH en el Sector Agroalimentario

El sector agroalimentario ha estado en el centro del debate sobre violaciones de derechos laborales y sociales, especialmente en lo que respecta a trabajadores migrantes y temporeros. Las cooperativas, como actores clave en la producción agrícola, no están exentas de estos riesgos.

Condiciones Laborales Precarias: Jornaleros y Trabajadores Migrantes en el Campo

Los jornaleros y trabajadores migrantes representan una parte esencial de la mano de obra en el sector agroalimentario, particularmente en la recogida de frutas y hortalizas. Sin embargo, se han reportado abusos sistémicos, como:

Contratos verbales sin garantías legales.
Jornadas extenuantes sin compensación adecuada.
Condiciones de vivienda inadecuadas en alojamientos temporales.

Según informes de Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU sobre la pobreza extrema, España enfrenta desafíos persistentes en garantizar condiciones de trabajo dignas en el sector agrícola, especialmente en zonas como Almería, Huelva y Murcia.

Falta de Contratos y Derechos Básicos

Uno de los problemas más recurrentes en el sector agroalimentario es la falta de contratos formales, lo que deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema.

Según datos de la OIT, más del 40% de los trabajadores agrícolas en España están empleados en la economía informal, lo que limita su acceso a seguridad social y derechos laborales básicos.

Las cooperativas, aunque no siempre sean directamente responsables, pueden verse implicadas si sus proveedores o empresas subcontratadas operan bajo condiciones laborales abusivas.

Solución: La implementación de sistemas de certificación laboral y auditorías periódicas puede mitigar estos riesgos y mejorar la trazabilidad en DDHH.

Riesgos en la Cadena de Suministro: Falta de Control sobre Proveedores y Subcontratas

Las cooperativas suelen depender de empresas de intermediación laboral para la contratación de mano de obra temporal. Esta tercerización puede generar:

Falta de control sobre condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
Uso de agencias de empleo fraudulentas que retienen parte de los salarios de los jornaleros.
Dificultades para rastrear el origen de la producción, lo que puede comprometer certificaciones ESG.

Para garantizar un control efectivo, las cooperativas deben exigir mayor transparencia y trazabilidad a sus proveedores y adoptar cláusulas de DDHH en sus contratos.

Impactos Ambientales con Consecuencias Sociales

El modelo agrícola intensivo en España ha generado preocupaciones sobre impactos ambientales que también afectan a los DDHH, incluyendo:

Sobreexplotación de recursos hídricos en regiones como el Mar Menor y Doñana, afectando a comunidades locales.
Contaminación del suelo y acuíferos debido a fertilizantes y pesticidas.
Desplazamiento de pequeños agricultores debido a la expansión de grandes monocultivos.

Las cooperativas deben avanzar hacia modelos de producción más sostenibles, que reduzcan su huella ecológica y protejan los derechos de las comunidades afectadas.

Caso de Referencia: Vulneración de DDHH en el Sector Agrícola Español

Un informe de Human Rights Watch (2020) documentó casos de explotación en el sector agrícola español, con jornaleros viviendo en asentamientos chabolistas sin acceso a agua potable ni electricidad. En Huelva, se han reportado situaciones donde trabajadoras temporeras marroquíes han enfrentado abusos laborales y violencia de género.

Estos casos demuestran que la falta de control en la cadena de valor puede derivar en graves consecuencias legales y reputacionales para las cooperativas agroalimentarias.

El Impacto de la CSDDD y la CSRD en las Cooperativas Agroalimentarias

La creciente regulación en materia de sostenibilidad y derechos humanos (DDHH) en la Unión Europea está transformando las dinámicas del sector agroalimentario. En este contexto, dos directivas fundamentales, la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y la Directiva de Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), han establecido nuevas exigencias para las empresas agroalimentarias, incluidas las cooperativas.

El objetivo de estas normativas es garantizar que las empresas sean responsables de sus impactos en DDHH y sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor. Para las cooperativas agroalimentarias, esto implica la obligación de evaluar riesgos, implementar procesos de mitigación y reportar con mayor transparencia. Aquellas que no se adapten a estos requisitos enfrentarán sanciones legales, restricciones en el acceso a mercados y pérdida de competitividad.

A continuación, analizamos en detalle cómo estas normativas afectan a las cooperativas agroalimentarias en España y qué medidas deben adoptar para garantizar su cumplimiento.

Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD)

Aprobada en 2024, la CSDDD introduce un marco vinculante de debida diligencia en sostenibilidad para empresas que operan en la Unión Europea. Su objetivo es asegurar que las compañías identifiquen, prevengan y mitiguen sus impactos adversos en DDHH y medioambiente.

Obligaciones de Identificación, Prevención y Mitigación de Impactos en DDHH

Bajo la CSDDD, las cooperativas agroalimentarias que entren en su ámbito de aplicación estarán obligadas a:

Realizar evaluaciones de riesgos en DDHH dentro de sus operaciones y cadena de suministro.
Implementar planes de acción correctiva para mitigar los impactos negativos identificados.
Establecer mecanismos de quejas y reparación para trabajadores afectados por vulneraciones de derechos.
Integrar estos procesos en su estrategia empresarial y garantizar su supervisión por parte de la alta dirección.

Estas obligaciones implican que las cooperativas deben desarrollar protocolos estructurados de debida diligencia y utilizar herramientas de trazabilidad para controlar el cumplimiento de estándares en su cadena de suministro.

Aplicación a Cooperativas con Ciertas Dimensiones o que Forman Parte de Cadenas de Valor Más Amplias

Si bien la CSDDD no afecta a todas las cooperativas por igual, sí impacta a aquellas que cumplen ciertos criterios:

Grandes cooperativas agroalimentarias con más de 500 empleados y una facturación superior a 150 millones de euros.
Cooperativas de tamaño medio con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, si al menos el 50% de su negocio se encuentra en sectores de alto riesgo (como el agroalimentario).
Cooperativas más pequeñas que formen parte de la cadena de suministro de grandes empresas europeas, ya que estarán indirectamente obligadas a cumplir con los requisitos de la CSDDD a través de sus clientes y socios comerciales.

Esto significa que incluso cooperativas que no estén directamente incluidas en el ámbito de aplicación de la CSDDD podrían verse obligadas a adoptar estándares de debida diligencia para continuar operando en ciertas cadenas de valor.

Responsabilidad Legal en Caso de Incumplimiento y Riesgos Financieros Asociados

Uno de los aspectos más disruptivos de la CSDDD es que introduce responsabilidad legal para las empresas que no cumplan con sus obligaciones de debida diligencia. Esto incluye:

Multas y sanciones económicas impuestas por las autoridades nacionales de control.
Demandas por daños y perjuicios presentadas por afectados en caso de negligencia.
Restricciones en el acceso a financiación sostenible, ya que los bancos e inversores priorizan a empresas alineadas con la regulación ESG.

Para las cooperativas agroalimentarias, esto implica que ignorar los riesgos en DDHH ya no es una opción, ya que podrían enfrentar pérdidas económicas significativas y una mayor exposición a litigios.

Directiva de Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD)

La CSRD, que entra en vigor progresivamente a partir de 2025, refuerza los requisitos de transparencia y reporte de sostenibilidad para las empresas europeas. Su objetivo es proporcionar información estandarizada y verificable sobre impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Exigencias de Reporte en Sostenibilidad para Cooperativas Agroalimentarias de Cierto Tamaño

Las cooperativas agroalimentarias estarán obligadas a reportar bajo la CSRD si cumplen uno o más de los siguientes criterios:

Tener más de 250 empleados.
Facturar más de 40 millones de euros anuales.
Contar con activos superiores a 20 millones de euros.

Esto implica que muchas grandes cooperativas agroalimentarias estarán sujetas a los nuevos estándares de reporte, lo que requiere:

Publicación de informes detallados sobre DDHH, sostenibilidad y ESG.
Cumplimiento con los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS).
Auditoría independiente de la información reportada.

Para cooperativas más pequeñas, aunque la CSRD no aplique directamente, muchas deberán adaptarse debido a exigencias de sus clientes, inversores o socios comerciales.

Aplicación del Principio de Doble Materialidad

Uno de los cambios clave de la CSRD es la exigencia de aplicar el principio de doble materialidad, lo que implica evaluar:

Cómo las actividades de la cooperativa afectan a los DDHH y el medioambiente (impacto externo).
Cómo los riesgos sociales y ambientales afectan la rentabilidad y sostenibilidad de la cooperativa (impacto financiero).

Esto significa que las cooperativas deberán analizar no solo sus propios riesgos operativos, sino también cómo contribuyen a problemas más amplios en DDHH.

Importancia de los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS)

Los ESRS, desarrollados por EFRAG, establecen métricas y guías específicas para el reporte de sostenibilidad en Europa. Para las cooperativas agroalimentarias, esto implica que deberán:

Reportar sobre condiciones laborales, derechos humanos y trazabilidad en la cadena de suministro.
Utilizar indicadores cuantificables para evaluar su desempeño en sostenibilidad.
Alinear su información con otros marcos regulatorios como la Taxonomía de la UE y el SFDR.

El cumplimiento de estos estándares será clave para acceder a financiación sostenible y mantener la confianza de los inversores y consumidores.

Caso Práctico: Impacto de la CSRD en una Cooperativa Exportadora de Productos Agroalimentarios

Contexto:

Cooperativa con 300 empleados y facturación de 45 millones de euros.
Exportadora de aceite de oliva a varios países de la UE.
Proveedor clave de grandes supermercados europeos.

Impacto de la CSRD:

Obligación de reporte de sostenibilidad alineado con los ESRS.
Revisión de condiciones laborales en sus fincas y proveedores.
Implementación de auditorías ESG para cumplir con los requisitos de sus clientes europeos.
Uso de herramientas de trazabilidad para documentar la cadena de suministro.

Resultado: La cooperativa ha logrado fortalecer su acceso a mercados europeos y posicionarse como un líder en sostenibilidad dentro del sector.

Implementación de la Debida Diligencia en DDHH en Cooperativas Agroalimentarias

La adopción de un enfoque estructurado de debida diligencia en derechos humanos (DDHH) es esencial para que las cooperativas agroalimentarias cumplan con los nuevos requisitos regulatorios y minimicen riesgos legales y reputacionales. Sin embargo, su implementación en un sector caracterizado por una alta fragmentación de actores y una cadena de suministro descentralizada presenta desafíos significativos.

Para lograr una integración efectiva de los DDHH en la gestión de las cooperativas agroalimentarias, es fundamental avanzar en tres niveles:

Evaluación de riesgos y materialidad en DDHH.
Incorporación de los DDHH en la estrategia de la cooperativa.
Mecanismos de seguimiento y transparencia.

A continuación, se detallan las mejores prácticas y herramientas disponibles para cada uno de estos ejes.

Evaluación de Riesgos y Materialidad en DDHH

Antes de diseñar estrategias de mitigación y planes de acción, las cooperativas deben identificar dónde y cómo pueden surgir riesgos en DDHH dentro de su estructura y operaciones.

Métodos para Identificar Riesgos en la Cadena de Suministro

Las cooperativas agroalimentarias deben realizar un análisis exhaustivo de riesgos en DDHH, considerando tres niveles clave:

Nivel 1 – Riesgos internos: Condiciones laborales de los trabajadores de la propia cooperativa, cumplimiento de normativa laboral, igualdad de oportunidades, seguridad y salud laboral.

Nivel 2 – Proveedores directos: Evaluación de condiciones laborales en explotaciones agrícolas, seguridad en el trabajo, cumplimiento contractual y regulación de salarios.

Nivel 3 – Cadena de valor extendida: Riesgos en la subcontratación, explotación de trabajadores migrantes, impacto en comunidades locales y derechos de los pequeños productores.

Para estructurar este análisis, las cooperativas pueden utilizar la metodología de mapa de riesgos ESG, donde cada actor y proceso dentro de la cadena de suministro es evaluado en función de su exposición a vulneraciones de DDHH.

Uso de Herramientas como los Indicadores de la OCDE y la OIT

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los indicadores de la OIT proporcionan marcos de referencia clave para evaluar el impacto en DDHH. Algunas herramientas recomendadas incluyen:

Indicadores de Gobernanza y Derechos Humanos de la OCDE:

Evaluación de riesgos laborales en el sector agrícola.
Guía para el establecimiento de sistemas de monitoreo y denuncia en el sector agroalimentario.

Indicadores de la OIT en Trabajo Decente:

Evaluación de horas trabajadas y condiciones de salario en sectores agrícolas.
Identificación de brechas en seguridad social para trabajadores temporales.

Estas herramientas permiten estructurar una evaluación basada en datos verificables y en estándares internacionales, facilitando la justificación de las decisiones adoptadas en materia de debida diligencia.

Cómo Aplicar la Trazabilidad en DDHH en un Sector con Múltiples Intermediarios

Uno de los mayores desafíos en la implementación de la debida diligencia en DDHH dentro del sector agroalimentario es la trazabilidad. Las cooperativas deben asegurarse de que sus productos cumplen con estándares éticos en todas las etapas de la producción y distribución.

Soluciones clave para mejorar la trazabilidad en DDHH:

Uso de tecnología blockchain: Permite registrar cada transacción dentro de la cadena de suministro, garantizando que no haya explotación laboral en ninguna fase del proceso.
Auditorías de proveedores: Implementar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de estándares ESG en toda la red de suministros.
Sistemas de certificación y etiquetado ético: Adoptar certificaciones como Fair Trade o Rainforest Alliance para mejorar la confianza del consumidor y facilitar el acceso a mercados que exigen cumplimiento en DDHH.

Integración de DDHH en la Estrategia de la Cooperativa

Más allá de la identificación de riesgos, es fundamental que las cooperativas agroalimentarias internalicen la debida diligencia en DDHH dentro de su modelo de negocio y la conviertan en una prioridad estratégica.

Diseño de Códigos de Conducta Específicos para Cooperativas

Un Código de Conducta en DDHH bien estructurado debe incluir:

Compromisos de la cooperativa en materia de derechos laborales y sostenibilidad.
Estándares exigidos a proveedores y socios comerciales en relación con DDHH.
Protocolos de denuncia y resolución de conflictos para trabajadores y socios de la cooperativa.

Inclusión de Cláusulas de DDHH en Contratos con Proveedores y Socios Comerciales

Para garantizar que toda la cadena de suministro respete los estándares de DDHH, las cooperativas deben establecer criterios obligatorios de cumplimiento en sus contratos con terceros.

Cláusulas recomendadas:

Cláusula de cumplimiento de estándares internacionales: Exigir alineación con la OCDE, OIT y CSDDD.
Cláusula de transparencia en la cadena de suministro: Obligación de reportar subcontrataciones y origen de la producción.
Cláusula de auditoría y verificación: Permitir inspecciones regulares para asegurar el cumplimiento en DDHH.

Implementación de Programas de Formación para Trabajadores y Agricultores

La sensibilización y formación son fundamentales para que la debida diligencia en DDHH se implemente de manera efectiva. Las cooperativas deben desarrollar programas de capacitación adaptados a su realidad operativa, incluyendo:

Formación para trabajadores agrícolas: Derechos laborales, prevención de abusos y acceso a mecanismos de denuncia.
Formación para gerentes y directivos: Integración de DDHH en la estrategia de la cooperativa y en la gestión de proveedores.
Formación para socios comerciales: Estándares de sostenibilidad y requisitos normativos en DDHH.

Mecanismos de Seguimiento y Transparencia

Garantizar el cumplimiento en DDHH requiere establecer sistemas de control y rendición de cuentas que permitan verificar que las políticas implementadas sean efectivas.

Uso de Auditorías Internas y Externas para Evaluar Cumplimiento en DDHH

Las auditorías en DDHH pueden dividirse en dos niveles:

Internas: Evaluaciones periódicas realizadas por la propia cooperativa para monitorear el cumplimiento de sus estándares ESG.
Externas: Verificación independiente por parte de auditores acreditados o certificaciones de terceros (p.ej., Fair Trade, Global GAP).

El objetivo es detectar posibles vulneraciones antes de que se conviertan en problemas legales o reputacionales.

Creación de Sistemas de Denuncia y Reparación Accesibles para Trabajadores

Un mecanismo de denuncia eficaz debe garantizar:

Confidencialidad y protección para los denunciantes.
Accesibilidad para trabajadores de distintos niveles educativos y lingüísticos.
Acciones correctivas claras y seguimiento de los casos reportados.

Se recomienda utilizar canales digitales, líneas telefónicas gratuitas y buzones anónimos para facilitar la denuncia de irregularidades.

Reporte Alineado con la CSRD y el SFDR para Garantizar Transparencia y Acceso a Financiamiento ESG

El cumplimiento de la CSRD y el SFDR exige que las cooperativas agroalimentarias reporten información precisa sobre DDHH. Para ello, deben:

Incluir métricas ESG cuantificables en sus informes anuales.
Adoptar los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS).
Asegurar que su información sea verificable y auditable.

Un reporte transparente mejora la confianza de inversores, clientes y reguladores, facilitando el acceso a financiación sostenible.

Beneficios de una Implementación Efectiva de la Debida Diligencia en DDHH

La integración de la debida diligencia en derechos humanos (DDHH) en las cooperativas agroalimentarias no solo es un requisito normativo, sino que representa una ventaja competitiva estratégica en un mercado global cada vez más exigente. A medida que las regulaciones europeas y las expectativas de los consumidores evolucionan, las cooperativas que adopten un enfoque proactivo en DDHH mejorarán su posicionamiento, reducirán riesgos y fortalecerán su sostenibilidad a largo plazo.

A continuación, se detallan los principales beneficios derivados de una implementación efectiva de la debida diligencia en DDHH.

Acceso a Mercados Internacionales: Cumplimiento con Estándares Globales

Las cooperativas agroalimentarias españolas son actores clave en el comercio internacional, con una fuerte presencia en mercados como la Unión Europea, Estados Unidos y Asia. Sin embargo, el acceso a estos mercados depende cada vez más de la capacidad de las empresas para cumplir con estándares de sostenibilidad y derechos humanos.

Nuevas Barreras Comerciales Relacionadas con DDHH

Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR, 2023): Exige que productos como aceite de oliva, soja, cacao o café demuestren que no han contribuido a la deforestación ni a la vulneración de DDHH.
Ley de Cadenas de Suministro en Alemania: Empresas alemanas solo podrán comprar productos de proveedores que garanticen estándares de DDHH en toda su cadena de valor.
Restricciones en Estados Unidos: La Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures prohíbe la importación de productos con indicios de trabajo forzoso en su producción.

Oportunidades para Cooperativas que Apliquen Buenas Prácticas

Cumplir con los estándares de DDHH facilita la exportación a estos mercados.
Diferenciación competitiva: Las cooperativas con certificaciones éticas pueden acceder a clientes premium que priorizan productos sostenibles.
Mayor confianza de socios comerciales e inversores: Grandes cadenas de distribución están priorizando proveedores con garantías en DDHH.

Ejemplo: Cooperativas que exportan a Alemania y Francia ya están adoptando certificaciones de comercio justo y derechos laborales para garantizar su acceso a estos mercados.

Mitigación de Riesgos Legales y Reputacionales

La falta de un sistema sólido de debida diligencia en DDHH puede exponer a las cooperativas a litigios, sanciones económicas y daños reputacionales irreversibles.

Riesgos Legales Asociados al Incumplimiento

Multas y sanciones: La CSDDD establece sanciones significativas para empresas que no implementen medidas de debida diligencia en DDHH.
Demandas por vulneración de derechos: Trabajadores pueden presentar denuncias si no se garantizan condiciones laborales adecuadas.
Bloqueo en licitaciones públicas: Empresas que no cumplan con estándares ESG pueden ser excluidas de contratos con administraciones públicas.

Riesgos Reputacionales y Pérdida de Confianza

Boicots y presión de la sociedad civil: Casos de explotación laboral en el sector agrícola han generado fuertes campañas mediáticas y pérdida de clientes.
Impacto en la valoración de la empresa: Cooperativas con escándalos en DDHH pueden ver reducida su capacidad de financiación y colaboración con inversores.
Deterioro de relaciones con socios comerciales: Empresas internacionales evitan trabajar con proveedores que no demuestren compromiso en DDHH.

Ejemplo: En 2022, una gran empresa del sector agroalimentario español enfrentó una crisis reputacional tras ser señalada por condiciones precarias en la contratación de temporeros. Como resultado, varios supermercados europeos retiraron sus productos de la venta.

Mayor Confianza de Consumidores e Inversores

Los consumidores y los inversores están priorizando productos con un impacto social y ambiental positivo. Una implementación rigurosa de la debida diligencia en DDHH mejora la percepción de la cooperativa y aumenta la confianza en sus productos.

Tendencias de Consumo Responsable

Un estudio de Nielsen (2023) reveló que el 73% de los consumidores europeos prefieren productos con certificaciones de sostenibilidad y DDHH.
El 57% de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos con certificaciones éticas, como Fair Trade o Rainforest Alliance.

Las cooperativas que apuestan por la transparencia y la certificación en DDHH pueden:

Fidelizar clientes conscientes, dispuestos a apoyar productos con impacto social positivo.
Ingresar a mercados premium, donde se priorizan productos con certificaciones ESG.
Construir una reputación sólida y diferenciada, alineada con valores de responsabilidad social.

Sostenibilidad del Negocio a Largo Plazo

Las cooperativas que integran la debida diligencia en DDHH no solo cumplen con regulaciones actuales, sino que se preparan para futuros cambios normativos y fortalecen su resiliencia.

Beneficios de Largo Plazo de la Sostenibilidad en DDHH

Menor riesgo de interrupciones en la cadena de suministro: Reduciendo la dependencia de prácticas laborales vulnerables, se garantiza una mayor estabilidad operativa.
Acceso a financiación sostenible: Fondos de inversión y bancos están priorizando a empresas con estándares ESG sólidos.
Aumento en la productividad y retención de talento: Cooperativas que protegen los DDHH de sus trabajadores reducen la rotación y mejoran el compromiso laboral.

Ejemplo: Cooperativas que han mejorado las condiciones laborales de sus empleados han logrado reducir la rotación de personal en un 30%, mejorando su eficiencia operativa.

Caso de Éxito: Cooperativa que ha Implementado Buenas Prácticas en DDHH

Contexto

Cooperativa hortofrutícola con más de 400 socios y una fuerte presencia en mercados europeos.
Enfrentaba dificultades para garantizar trazabilidad en su cadena de suministro.
Preocupación por la presión de clientes europeos que exigían estándares ESG más estrictos.

Medidas Adoptadas

Auditoría interna en DDHH para identificar riesgos laborales en la producción.
Implementación de contratos formales para todos los trabajadores temporales.
Capacitación en DDHH para agricultores y socios comerciales.
Certificación de comercio justo para mejorar la reputación y acceso a mercados internacionales.

Impacto en la Competitividad

Acceso a nuevos clientes en Alemania y Países Bajos, que exigen estándares estrictos en DDHH.
Reducción de riesgos legales, evitando sanciones y litigios por malas prácticas laborales.
Mayor estabilidad en la plantilla, con un aumento del 20% en la retención de trabajadores estacionales.

Este caso demuestra que una estrategia bien implementada de debida diligencia en DDHH puede generar ventajas competitivas tangibles, mejorando la sostenibilidad y rentabilidad del negocio.

La debida diligencia en DDHH no debe verse como una carga regulatoria, sino como una oportunidad para las cooperativas agroalimentarias. Al implementar estándares sólidos en derechos humanos, las cooperativas pueden expandir sus mercados, reducir riesgos, fortalecer su reputación y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Las regulaciones están evolucionando rápidamente, y las cooperativas que actúen con anticipación no solo cumplirán con la ley, sino que se posicionarán como líderes en un mercado donde la ética y la sostenibilidad son clave para el éxito.

Adaptación y Oportunidad para las Cooperativas Agroalimentarias

La debida diligencia en derechos humanos (DDHH) ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en un elemento central en la estrategia empresarial de las cooperativas agroalimentarias. Más allá de su obligatoriedad legal bajo normativas como la CSDDD y la CSRD, la integración de los DDHH en la gestión del sector agroalimentario representa una ventaja competitiva tangible: permite acceder a mercados internacionales, reducir riesgos operacionales y fortalecer la confianza de inversores y consumidores.

En este contexto, las cooperativas ya no pueden limitarse a una postura reactiva frente a la regulación. La adaptación a estos nuevos marcos no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para fortalecer su resiliencia y liderazgo en un mercado que prioriza la sostenibilidad y la ética empresarial.

“No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos” – Albert Einstein.

Esta cita refleja con precisión el desafío que enfrentan las cooperativas agroalimentarias hoy en día. No basta con cumplir con la normativa por obligación; es necesario transformar la manera en que operan, adoptando un enfoque de negocio que incorpore la sostenibilidad y los DDHH desde su base.

El Primer Paso hacia una Cooperativa Sostenible

¿Cómo pueden las cooperativas iniciar esta transformación? El primer paso es estructurar una hoja de ruta clara y accionable. Algunas medidas clave incluyen:

Realizar una autoevaluación de riesgos en DDHH. Utilizar herramientas como las directrices de la OCDE para detectar vulnerabilidades en la cadena de suministro.
Establecer un código de conducta alineado con estándares internacionales. Definir principios claros en materia de DDHH y asegurarse de que sean adoptados por todos los socios y proveedores.
Capacitar a los trabajadores y socios en debida diligencia. La formación continua es clave para implementar buenas prácticas de manera efectiva.
Desarrollar mecanismos de trazabilidad y transparencia. Adoptar tecnologías como blockchain y auditorías periódicas para mejorar la supervisión en DDHH.
Implementar sistemas de denuncia accesibles y eficaces. Garantizar que los trabajadores puedan reportar violaciones de derechos de forma segura y anónima.

Las cooperativas agroalimentarias que adopten estos principios no solo evitarán sanciones y restricciones comerciales, sino que se posicionarán como referentes en sostenibilidad y ética empresarial. En un mundo donde la trazabilidad y la responsabilidad social son determinantes en la toma de decisiones de inversores y consumidores, aquellas que lideren este cambio serán las que perduren y prosperen.

Como bien afirmó Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU: “La sostenibilidad no es solo un objetivo a alcanzar, sino un camino que debemos recorrer juntos”.

El futuro del sector agroalimentario español dependerá de su capacidad para integrar estos principios en su modelo de negocio. Las cooperativas que entiendan esta transformación no solo estarán preparadas para cumplir con la regulación, sino que serán las protagonistas de una nueva era en la producción agroalimentaria: más justa, más ética y más sostenible.

Cristina Mallor